En Jalisco y Michoacán, hallazgos en un rancho atribuido al narcotráfico y el asesinato del alcalde de Uruapan sacudieron a las comunidades locales y se convirtieron en acontecimientos centrales de la agenda de seguridad durante el primer año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum.
El colectivo Guerreros Buscadores identificó en un predio en Jalisco cientos de pares de zapatos, ropa y efectos personales, evidencia que profundizó la preocupación por la crisis de personas desaparecidas en el país, donde las cifras oficiales acumulan más de 120 mil personas no localizadas desde los registros históricos.
La Fiscalía General de la República determinó que el predio funcionaba como un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque señaló que no se encontraron indicios de que fuera utilizado como un crematorio clandestino.
Especialistas en seguridad pública consideraron que el caso del rancho y el homicidio del edil fueron los más visibles del periodo y advirtieron sobre la posibilidad de nuevos episodios de violencia a lo largo de la administración.
El asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido tras un acto público, provocó fuerte indignación en Michoacán y en otras entidades, desatando protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
En respuesta, el gobierno federal presentó un plan de paz y justicia para Michoacán que incrementó la presencia de fuerzas de seguridad en la entidad hasta 10 mil 500 agentes, con el objetivo de enfrentar a organizaciones criminales que operan en la región, entre ellas el CJNG, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.
En Sinaloa persiste la pugna entre facciones que mantiene al estado como un foco de violencia; cifras de organizaciones civiles atribuyen al conflicto más de 2 mil 200 homicidios y más de 2 mil 500 desapariciones forzadas desde el inicio de las hostilidades entre las agrupaciones en disputa.
En el sur del país, Chiapas también registra una escalada de inseguridad por la disputa territorial entre grupos que incluyen al Cártel de Sinaloa, al CJNG y agrupaciones locales autodenominadas, con delitos que van desde el tráfico de drogas y de personas hasta la extorsión. Autoridades estatales y expertos reconocen avances recientes en algunas zonas, aunque mantienen reservas sobre la estabilidad a largo plazo.
Adicionalmente, se reporta un aumento en robos en carreteras y en delitos de extorsión; el gobierno federal ha impulsado una estrategia y una reforma legal para combatir estas prácticas, cuyos efectos esperados serán evaluados en los próximos meses.
La labor del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha sido valorada por parte de especialistas, quienes señalan como pendiente la consolidación de la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, la coordinación con Estados Unidos ha cobrado relevancia en asuntos como la lucha contra el fentanilo, tema que ha motivado presiones y propuestas de medidas por parte del gobierno estadounidense.
