La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó e inhabilitó en México a tres empresas por aportar información falsa para obtener o celebrar contratos públicos, una medida que busca preservar la integridad de las adquisiciones y el uso de recursos federales. Estas medidas afectan la capacidad de las firmas para contratar con el gobierno federal y buscan disuadir prácticas irregulares en procesos de contratación.
Las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V.; Gen Industrial, S.A. de C.V.; y Escore Alimentos, S.A. de C.V. Las sanciones incluyen multas económicas, inhabilitaciones temporales para contratar con el gobierno federal y la inscripción en un registro oficial de empresas sancionadas.
Ravisa Autos del Oriente fue multada con 175 367 pesos e inhabilitada por tres meses por proporcionar información falsa en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, relativa a la adquisición de camionetas pick-up doble cabina, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026; la irregularidad se detectó en una constancia de situación fiscal sobre aportaciones patronales y entero de descuentos.
Gen Industrial recibió una multa de 157 658 pesos y una inhabilitación de tres meses por incluir información falsa en la documentación de su propuesta para la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, destinada al servicio de recolección de residuos.
Escore Alimentos fue sancionada con 157 658 pesos e inhabilitada por tres meses por aportar información falsa en la Licitación Pública Nacional LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, correspondiente a la contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes; la irregularidad se detectó en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que bloquea automáticamente su participación en nuevos contratos públicos. La Secretaría afirmó que estas acciones reafirman su compromiso con la legalidad en las compras públicas y recordó que engañar para obtener contratos tiene consecuencias.
