En Salvador Escalante, la situación en la comunidad de Opopeo y el proceso de autonomía han colocado al Ayuntamiento en el centro de una discusión jurídica y social que impacta de forma directa a la localidad. La tensión entre resoluciones judiciales, demandas comunitarias y llamados a la movilización mantiene en alerta a autoridades y vecinos.
Ante ese contexto, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y las exigencias comunitarias han planteado interrogantes sobre la actuación del gobierno municipal. La administración municipal enfrenta presiones para conciliar mandatos judiciales y la demanda de autonomía de la comunidad.
En una entrevista con medios, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza expuso que su gobierno se sustenta en tres principios: legalidad, respeto a la autonomía y preservación de la paz social. Aseguró que la postura del Ayuntamiento no busca la confrontación, sino cumplir con responsabilidades institucionales.
Pérez Mendoza señaló que existen sentencias y procesos que deben cumplirse conforme a derecho, y que las decisiones del Ayuntamiento se guían por la obligación de acatar la ley con orden y transparencia. “El Ayuntamiento es una institución, no una arena de disputa política”, afirmó, subrayando el compromiso con el marco legal.
La presidenta municipal afirmó que no hay un conflicto con la comunidad ni con sus autoridades tradicionales y que se ha privilegiado la comunicación y el reconocimiento de sus derechos. Indicó que el objetivo es garantizar certeza jurídica para evitar vacíos legales o afectaciones futuras.
Frente a acusaciones y llamados a la radicalización, el Ayuntamiento ha optado por no responder a provocaciones ni entrar en confrontaciones políticas, dijo la alcaldesa. Señaló que su deber es mantener gobernabilidad, estabilidad y confianza institucional en el municipio.
Sobre las movilizaciones anunciadas por algunos grupos, la administración hizo un llamado a la tranquilidad y al diálogo, al tiempo que reconoció inquietudes legítimas. La prioridad, afirmó, es la paz y la cohesión comunitaria, dado que lo que ocurre en Opopeo repercute en todo Salvador Escalante.
Mientras el proceso sigue su curso en instancias legales, el Ayuntamiento aseguró que continúa prestando servicios públicos, ejecutando obras y coordinando acciones con el gobierno estatal dentro del Plan Michoacán. La autoridad insistió en que la gestión municipal no se detiene por el conflicto.
La presidenta municipal exhortó a no simplificar la situación ni convertirla en un conflicto político o personal, y pidió resolver el proceso con madurez y responsabilidad. Reiteró que el gobierno actuará con respeto a la ley y a la autonomía, privilegiando el diálogo para la construcción de soluciones.
