En los municipios de Juventino Rosas y San Felipe, autoridades municipales entregaron efectivo a ciudadanos durante eventos públicos, una acción que generó discusión sobre su alcance y sus posibles efectos locales. En ambos casos, los montos fueron repartidos como apoyos directos y difundidos en redes oficiales y personales.
En Juventino Rosas, el presidente municipal realiza semanalmente una entrega de efectivo dirigida principalmente a adultos mayores que se forman frente a la presidencia municipal. Según reportes, se entregan entre 40 y 50 pesos por persona a filas que alcanzan alrededor de 200 personas, lo que equivaldría a cerca de 10 mil pesos por jornada y podría sumar un monto significativo al año.
La iniciativa se presenta como una acción de carácter personal y altruista, se difunde mediante publicaciones y transmisiones en vivo en las que se observa la entrega directa del dinero. Fuentes cercanas indican que la práctica se realizaba incluso antes de que el funcionario asumiera el cargo, y que en ocasiones se han repartido también otros bienes.
Entre la población se han planteado cuestionamientos sobre la forma de entrega, la exposición de personas de la tercera edad a condiciones climáticas y la posibilidad de que no siempre accedan a quienes más lo necesitan. Usuarios en redes sociales señalaron la conveniencia de métodos que eviten aglomeraciones y requieran comprobantes de necesidad.
En San Felipe, la alcaldesa encabezó un proyecto para apoyar a familias con motivo del Día de Reyes en el que funcionarios y empresarios aportaron un total superior a 20 mil pesos. Ese monto fue distribuido en efectivo y mediante transferencias sin tarjeta a padres de familia, modalidad que también generó críticas sobre el acceso y la selección de beneficiarios.
Desde el punto de vista legal, la entrega de dinero en efectivo por parte de las autoridades no aparece tipificada como prohibida en la normativa estatal sobre responsabilidades administrativas, y en ambos casos los recursos fueron reportados como de carácter personal. Las acciones mantienen el debate sobre transparencia, eficacia y protección de grupos vulnerables en la entrega de apoyos.
