En México, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que el registro de líneas telefónicas tenga como objetivo vigilar a la población y defendió la medida como una herramienta de seguridad pública.
Explicó que las autoridades sólo tendrían acceso a la información cuando un teléfono esté implicado en delitos como extorsión o fraude, y que la custodia de los datos corresponde a las empresas telefónicas.
La mandataria afirmó que, ante la existencia de un presunto delito, las áreas competentes de seguridad o de procuración de justicia solicitan a las operadoras la información correspondiente.
Insistió en que el registro es una medida vinculada a la estrategia contra la extorsión, delito que, dijo, está en aumento, y por ello pidió a la ciudadanía completar el trámite.
Quienes no realicen el registro enfrentarán la suspensión de su línea, lo que dejará a esos usuarios limitados a recibir mensajes de emergencia y efectuar llamadas únicamente para emergencias, atención ciudadana y a su proveedor de servicio.
