En el Centro Histórico de la Ciudad de México, a pocos pasos de Palacio Nacional, se observa un mercado negro de vapeadores y cigarrillos electrónicos que se comercializan abiertamente en la vía pública, según reportes locales.
Las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal establecen penas de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 200 mil pesos para quienes comercialicen estos productos, pero la venta continúa a plena luz del día; vendedores relatan que incluso agentes policiales acuden a comprar.
Investigaciones de la organización Defensores señalan que el contrabando de vapeadores, principalmente procedente de China, está controlado por grupos delictivos; en la Ciudad de México se menciona la participación de la Unión Tepito en alianza con mafias chinas, mientras que en destinos turísticos como Mazatlán el control sería ejercido por el Cártel de Sinaloa.
Colectivos y organizaciones civiles sostienen que la prohibición ha generado un mercado multimillonario en manos del crimen organizado, con pérdidas de recaudación fiscal y debilitamiento del control sanitario, además de facilitar el acceso de menores de edad a estos dispositivos.
Esos mismos colectivos advierten que las ganancias derivadas del comercio ilícito pueden alimentar estructuras criminales dedicadas a la violencia, la extorsión y el secuestro, y demandan medidas de fiscalización y combate al contrabando para contener el fenómeno.
