En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, aunque no son vinculantes, tienen relevancia jurídica y deben ser consideradas por las autoridades y los tribunales del país. La decisión implica que esas opiniones deben influir en la práctica judicial y en la protección de derechos humanos a nivel local.
El pleno de la Corte calificó esos pronunciamientos como parte del denominado derecho blando, que no impone obligaciones legales directas pero sí posee valor para la interpretación normativa. La Corte señaló que este marco contribuye al consenso y a la legitimidad institucional en materia de derechos humanos.
El caso que motivó la resolución involucra a un hombre indígena detenido en Oaxaca y cuya situación fue analizada por el Grupo de Trabajo de la ONU, que concluyó que su encarcelamiento vulneró estándares internacionales. Ese órgano recomendó al Estado corregir la situación, pero las autoridades no adoptaron las recomendaciones en su momento.
Un juicio de amparo previo fue desechado con el argumento de que la opinión del Grupo de Trabajo estaba dirigida de forma general al Gobierno y no a autoridades concretas. Al revisar la apelación, la Corte estableció que, si una autoridad decide no acatar una opinión internacional de este tipo, debe justificar su postura de manera clara, fundada y dentro de sus competencias.
La Corte añadió que la autoridad debe además demostrar la compatibilidad de su decisión con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La falta de obligatoriedad de esos pronunciamientos, subrayó, no los hace irrelevantes; funcionan como mecanismos de orientación y supervisión no coercitivos.
El tribunal concedió el amparo para que el Poder Judicial local, el juez penal del caso y las comisiones de atención a víctimas, tanto federal como estatal, analicen de fondo la opinión del Grupo de Trabajo y expliquen, en su caso, las razones para no adoptarla. Asimismo, ordenó revisar el impacto de una posible detención ilegal y de actos de tortura en los procesos penales y excluir las pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos.
La Corte dispuso además que se notifique al Ministerio Público para que investigue las acusaciones de tortura, que se valore el reconocimiento de la persona como víctima y que se considere el otorgamiento de una reparación integral. Estas medidas buscan garantizar la revisión efectiva de posibles violaciones y el respeto a estándares internacionales en la justicia local.
