La toma de posesión del director propuesto para el Zoológico de León fue aplazada una semana para permitir el esclarecimiento de denuncias que han surgido sobre su trayectoria, lo que mantiene en incertidumbre el proceso de renovación de la dirección del recinto en la ciudad.
El candidato, médico veterinario, negó haber sido destituido de su puesto en Tijuana por los delitos que organizaciones animalistas difundieron en redes, y aseguró ante el Consejo Directivo del zoológico que no existe información oficial sobre irregularidades en su contra.
Durante una sesión extraordinaria en la que compareció, afirmó que se falsificó su firma y que desconoce los documentos que lo vincularían con la desaparición del cadáver de un mono, y anunció que presentaría las acciones legales correspondientes contra las agrupaciones que difundieron las acusaciones.
En la reunión fue cuestionado sobre su salida como coordinador técnico del sistema de parques de Tijuana; el veterinario atribuyó esa baja a un cambio de administración y no a un procedimiento penal en su contra.
El municipio contrató a una empresa de búsqueda de talento por el servicio de reclutamiento, cuyo representante explicó a los consejeros que la indagatoria no arrojó antecedentes penales entre los finalistas y que contaban con una constancia de no antecedentes para el aspirante señalado.
No obstante, la empresa reconoció que no contactó directamente al área de la dependencia tijuanense, lo que fue señalado por una regidora como una laguna en la investigación del perfil presentado al Consejo.
Tras casi dos horas de sesión, el órgano acordó otorgar un plazo breve para que se presenten documentos que respalden las diferentes versiones; la presidenta del consejo solicitó que quien tenga una sentencia acusatoria la entregue para evaluar la ratificación.
La renovación de la directiva se postergará unos días más luego de que se hiciera válida la renuncia del titular anterior, en medio de una crisis marcada por denuncias y observaciones administrativas al zoológico.
Las organizaciones que divulgaron el acta circunstanciada señalan la existencia de una investigación interna en la dependencia de Tijuana por presuntos delitos de robo, maltrato y tráfico de partes de vida silvestre; el candidato sostiene que no ha recibido notificación de proceso legal alguno.
El aspirante también informó que acudió a la Fiscalía del estado para presentar una denuncia y actuar conforme a derecho, y relató que autoridades de Baja California localizaron el ejemplar mencionado en las instalaciones tras su salida del cargo.
En el consejo quedó pendiente la ratificación del nombramiento: algunos consejeros pidieron documentación que corrobore o desmienta lo difundido en redes, y solicitaron a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Fiscalía copias certificadas para verificar la autenticidad de los documentos presentados por las asociaciones.
Representantes de las organizaciones afectadas dijeron que se les negó la palabra en la sesión y reclamaron que el énfasis debería estar en la aclaración de la separación administrativa del candidato en su anterior empleo; además cuestionaron la diligencia del despacho reclutador.
