La acusación tiene impacto directo en la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, donde una familia fue señalada por presunto tráfico y explotación laboral de compatriotas en granjas de varios estados. Los hechos investigados se habrían producido en lugares de trabajo y residencias temporales donde laboran inmigrantes agrícolas.
El Departamento de Justicia presentó cargos contra Martha Zeferino Jose, de 42 años, quien habría reclutado trabajadores mexicanos con visados H-2A a través de una empresa llamada Las Princesas. La investigación indica que actuó junto a su pareja y su hijo en las supuestas operaciones.
Los otros dos imputados son José Rodríguez Muñoz, descrito como inmigrante indocumentado, y Jeremy Zeferino Jose, de 23 años y con residencia permanente en Estados Unidos. Todos enfrentan la misma acusación federal.
Entre el verano de 2021 y 2022, según la imputación, los acusados cobraron comisiones por gestionar los visados y, al llegar los trabajadores, les confiscaron pasaportes, visas y documentos para impedir su salida. Posteriormente, los habrían obligado a trabajar bajo condiciones forzadas.
Las autoridades detallan jornadas largas sin pausas ni acceso suficiente a agua, alojamiento abarrotado e insalubre sin servicios básicos ni ropa de cama, falta de pago de salarios y negación de comida y atención médica. Esas condiciones se habrían dado en granjas e invernaderos en Virginia, Carolina del Norte y Florida.
No se especifica el número de víctimas ni su situación tras las detenciones. Las imputaciones apuntan además a que se les prohibió salir, hablar con personas ajenas y se les vigiló y amedrentó con amenazas de ser reportados a inmigración.
Cuando el Departamento de Trabajo inició indagaciones, los acusados devolvieron los documentos a los trabajadores y les indicaron que dijeran que todo estaba bien; también hay declaraciones de amenazas de deportación si contaban la verdad, por lo que se les atribuye obstrucción a la justicia.
La acusación incluye 35 delitos, entre ellos trabajo forzado y conspiración, con penas máximas de hasta 20 años por cargo, además de cargos por captación de extranjeros para lucro, esclavitud, fraude con visados y obstrucción, con sanciones adicionales que van de cinco a diez años.
