La liberación de una inmigrante cubana de 79 años detenida en Arizona tiene repercusiones para la comunidad migrante en Los Ángeles y permitirá la reunificación con su familia en Florida, informaron fuentes vinculadas al caso. La decisión reaviva el debate sobre el trato a personas de edad avanzada en centros de detención federales.
La mujer, identificada como Julia Benítez y conocida como «la abuela», fue puesta en libertad tras pasar nueve meses en el Centro de Detención Eloy, donde su salud física y mental empeoró según parientes y compañeras de detención. Su situación fue dada a conocer por un reportaje que detalló signos de demencia avanzada y la necesidad de silla de ruedas.
Benítez cruzó la frontera y se entregó a agentes de la Patrulla Fronteriza buscando asilo; su solicitud fue rechazada por falta de pruebas y su abogado presentó una apelación, que según allegados habría detenido un proceso de deportación. Durante su detención, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas negó una audiencia de fianza ante un juez.
La congresista Adelita Grijalva, que intervino en el caso, celebró la liberación y señaló que la mujer podrá reunirse con su hija y nietos en Florida. La legisladora también alertó sobre la existencia de otros inmigrantes en condiciones similares que podrían seguir bajo custodia federal.
Grijalva criticó la política administrativa que, dijo, niega discrecionalidad para otorgar libertad condicional humanitaria a personas mayores y con discapacidades, y acusó al gobierno de mantener de forma innecesaria a personas médicamente vulnerables en detención. El caso plantea preguntas sobre los criterios aplicados en decisiones de detención y liberación.
