La propuesta de una diputada federal para regular el uso de tecnologías que pueden alterar el ciclo de las lluvias busca proteger a productores agropecuarios y al equilibrio ecológico en diversas regiones del país. La iniciativa plantea medidas que tendrían impacto directo en las actividades agrícolas locales y en la gestión del agua.
La iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 39 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural actúe cuando tenga conocimiento del uso o instalación de tecnologías, imponiendo medidas de seguridad y sanciones conforme a la legislación ambiental. El objetivo es que el manejo de estas tecnologías esté sujeto a supervisión estatal cuando representen un riesgo para la producción agropecuaria.
También se plantean cambios en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la modificación de fracciones y la incorporación de un supuesto que somete a evaluación de impacto ambiental a las actividades o tecnologías cuyo fin sea alterar el ciclo hidrológico, especialmente en las fases de condensación y precipitación. Con esto se busca incluir expresamente esas prácticas dentro del marco de control ambiental.
En la exposición de motivos se señalan denuncias de productores que atribuyen pérdidas en cosechas al empleo de dispositivos destinados a modificar fenómenos meteorológicos, como cañones antigranizo u otros equipos para dispersar nubes. La iniciativa advierte que el uso de estas tecnologías sin supervisión o sin estudios de impacto puede generar efectos adversos sobre el entorno.
El documento fue turnado a las comisiones unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis. Los promotores sostienen que la ausencia de regulación federal ha provocado controversias y vacíos en la evaluación de riesgos.
Se menciona además que entidades como el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Oaxaca ya han establecido restricciones o sanciones al uso de prácticas que podrían alterar las precipitaciones. Al mismo tiempo, en algunas regiones se desarrollan programas de estimulación de lluvias coordinados entre autoridades federales y estatales para enfrentar el estrés hídrico y favorecer la recarga de acuíferos.
La propuesta subraya la necesidad de una regulación a nivel federal que permita evaluar, supervisar y, en su caso, sancionar el empleo de tecnologías que alteren procesos atmosféricos, con el fin de prevenir afectaciones ambientales y proteger la producción agrícola.
