Desde el viernes 13 de marzo la Guardia Nacional puede imponer sanciones a conductores de plataformas como Uber, Didi e InDrive que recojan pasajeros dentro del polígono del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM). La medida modifica la dinámica de acceso y salida de la terminal para conductores y usuarios.
La decisión responde a protestas de taxistas concesionados del aeropuerto, que denunciaron competencia desleal por tarifas más bajas ofrecidas por las plataformas. Esa presión llevó a un incremento en la fiscalización dentro de las instalaciones aeroportuarias.
Las empresas de movilidad alegaron que contaban con un amparo judicial para operar en el AICM. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que el amparo tiene alcance limitado: protege contra actos arbitrarios o discriminatorios, pero no autoriza por sí solo a recoger pasajeros en zonas federales ni elimina las reglas del autotransporte federal.
En términos jurídicos, la resolución judicial no convierte a estas plataformas en servicios formalmente autorizados para prestar transporte de pasajeros dentro del aeropuerto. Por ello, la Guardia Nacional puede levantar infracciones siempre que el procedimiento administrativo se ajuste a la normativa vigente.
Impacto operativo: para los usuarios se reducen las opciones de traslado directo desde la terminal, lo que puede incrementar tiempos de espera, costos y la concentración de demanda en servicios autorizados. Para conductores de plataformas representa mayor riesgo de sanciones económicas y operativas al ingresar al área restringida.
Impacto regulatorio y de gestión aeroportuaria: la medida pretende preservar las concesiones y el orden en el control del acceso vehicular, lo que puede disminuir la congestión en el área de arribos pero exigir mayor vigilancia y recursos administrativos para imponer y tramitar infracciones.
Para las plataformas de movilidad la situación obliga a revisar estrategias de cumplimiento normativo y de acceso a permisos específicos si desean operar en ámbitos federales como el AICM. A nivel de política pública, el caso sienta un precedente para la aplicación de normas de autotransporte en otros aeropuertos, especialmente con eventos internacionales próximos, incluido el Mundial 2026, donde la gestión del flujo de viajeros será crítica.
