En España, la seguridad del suministro en zonas como Canarias y el Levante depende en buena medida de las plantas desalinizadoras, por lo que los ataques reportados contra instalaciones similares en la guerra en Irán plantean un riesgo directo para el abastecimiento local de agua potable. La posibilidad de interrupciones subraya la vulnerabilidad de un recurso esencial ante conflictos y la crisis climática.
Las plantas desalinizadoras obtienen agua potable a partir del mar mediante ósmosis inversa, un proceso industrial en el que el agua de mar se bombea a alta presión a través de membranas que eliminan la sal y otras impurezas. Cada instalación puede abastecer a decenas de miles de personas, y su producción suele distribuirse casi al mismo ritmo que se genera, porque el almacenamiento a gran escala resulta muy costoso.
En el golfo Pérsico la dependencia es extrema: más del 80% del consumo depende de la desalinización y se estima que entre el 70% y el 90% del agua utilizada por la población es desalada. En contraste, en Europa la desalinización representa una proporción mucho menor del suministro; en España, por ejemplo, apenas alcanza alrededor del 3,5% del consumo nacional.
En el territorio español la producción de agua desalada está concentrada en aquellas zonas más necesitadas del recurso. En Canarias supone entre el 80% y el 90% del abastecimiento, mientras que en varias áreas del Levante ronda el 20%, desempeñando un papel clave para servicios urbanos, agrícolas e industriales en periodos secos.
Un especialista en ingeniería química y ambiental advirtió que los ataques a desalinizadoras tienen un impacto que trasciende lo económico, pues dejan sin suministro básico tanto a la población civil como a industrias que requieren agua constante para funcionar. Cualquier interrupción por falta de energía, daños en la infraestructura o ausencia de personal puede paralizar el suministro y provocar efectos inmediatos en la sociedad.
A diferencia de los ataques a instalaciones petroleras, que afectan principalmente a la producción y el comercio de hidrocarburos, los dirigidos contra infraestructuras hídricas afectan directamente a la disponibilidad de un bien esencial para la vida y la actividad económica. La limitada capacidad de almacenamiento agrava la situación: incluso las desalinizadoras de mayor tamaño en España apenas cuentan con reservas para entre 24 y 48 horas.
La crisis climática agrava la presión sobre los recursos hídricos, con alternancias más acusadas entre sequías severas e inundaciones que dañan infraestructuras urbanas poco preparadas para fenómenos extremos. Una investigadora del Real Instituto Elcano señaló que persisten desafíos como la modernización de redes de abastecimiento y la reducción de fugas, medidas necesarias para una gestión más eficiente del agua.
Según expertos, no se puede desperdiciar el agua independientemente de las variaciones pluviométricas, y la combinación de sequías prolongadas y episodios de lluvia intensa exige reforzar la resiliencia y la capacidad de adaptación de las infraestructuras. Mantener y proteger las desalinizadoras, junto a políticas de eficiencia y conservación, resulta esencial para garantizar el suministro en las zonas más dependientes.
