En la Ciudad de México, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen que elimina las llamadas pensiones doradas, con 366 votos a favor y sin aceptar modificaciones, una decisión que tendrá impacto en trabajadores y beneficiarios de organismos públicos. La propuesta fue avalada en el tablero pese a críticas de la oposición sobre su aplicación retroactiva.
La bancada del PAN votó en bloque en contra, con 60 sufragios y diez ausencias. En Morena participaron cuatro diputados identificados en la sesión y se registraron 24 ausencias en ese grupo parlamentario.
El panista Marcelo Torres calificó la reforma desde la tribuna como una acción que, a su juicio, rompe el Estado de derecho y otorga discrecionalidad al poder. “Esto no es un Estado de derecho, es un Estado discrecional”, afirmó, y sostuvo que la norma sustituye la certeza jurídica por la voluntad política.
La votación contó también con 36 sufragios a favor del PRI, una ausencia en esa bancada, y el respaldo en bloque de los partidos aliados: 54 del Partido Verde y 47 del Partido del Trabajo. Los aliados de Morena respaldaron la iniciativa en conjunto.
Desde la tribuna, la diputada del PRI Xitlalic Ceja criticó al partido en el gobierno por lo que describió como la defensa de privilegios de ciertos actores políticos y empresariales. Mencionó casos y nombres al argumentar que la discusión debería centrarse en retirar privilegios, no en generar nuevas incertidumbres.
Ceja advirtió que la reforma pretende ajustar pensiones ya otorgadas y vigentes en entidades paraestatales y empresas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, a un nuevo límite. Señaló que ello siembra incertidumbre entre miles de trabajadoras y trabajadores que construyeron su retiro con reglas cumplidas.
La diputada de Morena Karina Margarita del Río afirmó que existen pensiones elevadas en entidades como Luz y Fuerza del Centro y Pemex, y vinculó la discusión con carencias en distritos con falta de infraestructura y servicios. “En Pemex se documenta que alrededor de 500 personas reciben más de lo que recibe actualmente la presidenta de la República”, dijo en la tribuna.
La diputada de Movimiento Ciudadano Iraís Reyes presentó una reserva para eliminar la aplicación retroactiva de la disposición, argumentando que era inconstitucional y podía sentar un precedente peligroso para la seguridad jurídica. Su propuesta fue rechazada por la mayoría; la bancada naranja registró 25 abstenciones.
Con la aprobación en lo particular, el proyecto de decreto fue turnado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su discusión y votación.
