La posible aceptación por parte de Hamás de una propuesta de desarme tiene impacto directo en los cerca de 2 millones de habitantes de Gaza, donde la población vive en espera desde la entrada en vigor del alto el fuego. La decisión del grupo, que se conocería en días o semanas, condiciona el avance del plan estadounidense para la reconstrucción del territorio.
La carta fundacional de Hamás defiende la resistencia armada, y el grupo mantiene un arsenal que incluye cohetes, misiles antitanque y explosivos, elementos que para muchos constituyen parte de su identidad política y militar. Esa realidad hace incierto el cumplimiento pleno de cualquier acuerdo que exija entrega o inutilización de armas.
Estados Unidos e Israel sostienen que el plan de 20 puntos exige la destrucción de la infraestructura militar de Hamás y que sus armas queden permanentemente fuera de uso. Donantes internacionales han advertido que no financiarán ni desplegarán personal si existe riesgo de que la violencia se reanude.
El alto el fuego redujo los combates más intensos y permitió un mayor flujo de ayuda humanitaria, pero los enfrentamientos puntuales han continuado y Israel mantiene control sobre grandes sectores de la Franja. Las muertes y los desplazamientos desde el inicio del conflicto han dejado a cientos de miles de personas en campamentos y dependientes de asistencia externa.
El plan incluye, además del desarme, el despliegue de una fuerza internacional con mandato de la ONU, la formación de una policía palestina entrenada en el extranjero y la gestión diaria a cargo de un comité tecnocrático palestino. El avance de estas medidas depende, según Israel, del desarme efectivo de Hamás y de retiradas escalonadas de tropas.
Funcionarios que participan en las negociaciones indican que la propuesta mediada por Turquía, Catar y Egipto exige el retiro completo de las armas de Hamás y que la seguridad de Gaza pase al control del comité tecnocrático. El desarme, según esos mandatos, empezaría por las armas más peligrosas y proseguiría con armas personales, mientras las fuerzas israelíes se retirarían por etapas.
Hamás ha planteado objeciones y ha buscado diferenciar entre armas «pesadas» y «ligeras», además de vincular cualquier desmilitarización a garantías de que Israel detendrá sus ataques. Voceros del grupo han anunciado que presentarán enmiendas a la propuesta y han criticado a representantes que, según ellos, favorecen la posición israelí.
Representantes internacionales y mediadores indican que las discusiones son serias, pero reconocen que la respuesta final de Hamás es imprevisible. Esa incertidumbre prolonga la pausa efectiva en la reconstrucción y mantiene el riesgo de que la violencia se reactive, con graves consecuencias humanitarias.
Para la comunidad donante, la garantía de un desarme verificable es central antes de comprometer fondos y tropas. Sin avances claros en la desmilitarización y en la retirada de fuerzas, los planes de reconstrucción a largo plazo permanecen en pausa.
La población de Gaza afronta la posibilidad de más demoras en la reconstrucción y de mayor inseguridad si las negociaciones no prosperan. El resultado de estas conversaciones marcará el ritmo de la ayuda, las reconstrucciones y la estabilidad en la Franja.
