En México, el llamado «plan B» de la reforma electoral quedó reducido y sus efectos se concentrarán en cambios que inciden en la organización y financiamiento de los gobiernos locales.
La iniciativa perdió impulso al rechazarse el adelanto de la revocación de mandato y al incluir modificaciones a la composición de los cabildos municipales y al presupuesto de los congresos estatales que no figuraban entre las propuestas debatidas originalmente.
Quedaron fuera, además, asuntos que no fueron abordados por Morena y que representantes de la oposición y especialistas consideran centrales para una reforma integral: la penetración del crimen organizado en las campañas, la regulación de la figura de «coordinadores de la transformación» y el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos para potenciar su reconocimiento.
Esos temas siguen pendientes en la agenda pública, lo que mantiene abierto el debate sobre la profundidad y alcance de cualquier cambio electoral futuro.
