Estados Unidos estudia la implementación de un impuesto federal aplicado a vehículos eléctricos (VE) para financiar el mantenimiento y la reparación de carreteras. La medida busca compensar la pérdida de ingresos derivada de la transición desde los combustibles fósiles, cuyos impuestos actualmente financian en gran parte la infraestructura vial.
Desde el punto de vista económico, un cargo adicional sobre VEs aumentaría el costo total de adquisición y uso, lo que podría reducir parcialmente la demanda y afectar las previsiones de adopción. Técnicamente, la incidencia dependerá del monto del impuesto y del mecanismo de cobro (cargo anual fijo, tasa por milla recorrida, o recargo en registros).
La justificación principal no es el peso de los vehículos eléctricos. Estudios técnicos indican que el daño al pavimento está correlacionado de forma no lineal con el peso y es mucho mayor por eje y por vehículos pesados (camiones y autobuses) que por turismos eléctricos. No obstante, todos los usuarios de la red vial generan desgaste por el uso y, por esa razón, se propone que los VEs contribuyan al financiamiento.
Actualmente la mayor parte de los ingresos para mantenimiento proviene de impuestos sobre combustibles. Al no consumir gasolina o diésel, los VEs quedan exentos de esa fuente, lo que genera una brecha en la financiación a medida que su cuota de parque aumenta. Varios estados ya aplican cargos por registros o tasas específicas a VEs; la novedad sería una tasa homogénea a nivel federal.
En febrero de 2025 se presentó una propuesta legislativa que contemplaba cargos puntuales orientativos: 250 dólares por cada vehículo eléctrico y 100 dólares por híbridos. Esa iniciativa no se incorporó finalmente en la legislación fiscal, pero sirve como referencia del orden de magnitud considerado por algunos legisladores. Aún no hay cifra oficial para un posible impuesto federal.
Desde el diseño de política pública, existen alternativas técnicas para internalizar el costo del uso de la red: tarifas fijas anuales, tasas basadas en millas recorridas (VMT), peajes dinámicos o ajustes a impuestos a combustibles. Cada opción tiene implicaciones distintas en equidad, coste administrativo, privacidad y precisión en la redistribución de costes.
Impacto práctico: un cargo fijo es sencillo de administrar pero menos proporcional al uso real de la infraestructura; una tasa VMT es más eficiente y equitativa pero exige sistemas de medición, protección de datos y mayores costes de implementación. La elección influirá en la efectividad para recuperar costos y en la aceptación política y social.
La decisión enfrenta retos políticos y técnicos: definir el nivel de contribución que equilibre financiación de infraestructura con objetivos de descarbonización, establecer mecanismos de recaudación y aseguramiento de cumplimiento, y evaluar efectos sobre el mercado automotor y las emisiones en el corto y medio plazo. Por ahora, la propuesta está en discusión y no hay implementación federal definitiva.
