La aprobación de una reforma que faculta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para construir y participar en obras del sector salud tiene impacto directo en las entidades federativas y en la ejecución local de hospitales y centros de salud. La medida modifica la distribución de responsabilidades en obra pública ligada a servicios sanitarios.
En una votación relámpago, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general y en lo particular con 423 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones. El trámite se resolvió en torno a 50 minutos tras una jornada legislativa prolongada.
Tras una sesión maratónica dedicada a otro paquete legislativo, los coordinadores parlamentarios acordaron reanudar actividades en la madrugada y programar nuevas sesiones para continuar con el proceso legislativo. Con el reglamento en mano, eliminaron la fundamentación en tribuna del proyecto y pasaron directamente a las posiciones de los grupos parlamentarios, sin que se desarrollara un debate extenso.
Desde el PRI, el diputado Miguel Alonso Reyes expresó dudas sobre la apertura que implicaría la reforma, al considerar que podría dar lugar a presiones políticas para que los estados cedan la ejecución de obras a la federación. Señaló que las obras podrían quedar sujetas a criterios discrecionales y a la conveniencia del Ejecutivo, en lugar de responder a una planificación objetiva.
El priista advirtió además sobre vacíos en la rendición de cuentas derivados de la triangulación de recursos y la concentración del ejercicio del gasto en obra pública en una sola dependencia, lo que, a su juicio, diluye la responsabilidad institucional ante los órganos de fiscalización. También cuestionó la capacidad técnica de la SICT para identificar necesidades clínicas y de salud pública.
El Partido del Trabajo, por medio del diputado José Luis Sánchez, defendió la iniciativa como un paso hacia la universalización del servicio de salud y afirmó que permitirá que cualquier persona, con o sin seguridad social, pueda acudir a instituciones como IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar para recibir atención. Señaló que el programa iniciará su inscripción próximamente en las entidades que se han adherido.
El PAN, representado por el diputado Gerardo Ponce de León, planteó preguntas sobre la responsabilidad en casos de fallas estructurales o problemas de operación: quién responderá, la Secretaría de Salud o la de Infraestructura. Además advirtió sobre la discrecionalidad del mecanismo, la ausencia de criterios claros para las solicitudes y el hecho de que el dictamen no contempla recursos adicionales, por lo que la SICT tendría que operar con los mismos presupuestos.
Movimiento Ciudadano, a través de Miguel Ángel Sánchez, instó a que la intervención no se limite a la construcción de infraestructura, sino que incluya su adecuada dotación de equipamiento y condiciones para operar, para evitar obras que no presten servicio. En respuesta, la diputada de Morena Sandra Patricia Palacios recordó obras inconclusas heredadas de administraciones pasadas y subrayó que el dictamen faculta a la SICT a participar también en el equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de salud.
La participación de la Secretaría en estas tareas, según se explicó en la Cámara, se realizará exclusivamente a solicitud de las autoridades federales competentes y en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El dictamen continuará su trámite legislativo en las instancias correspondientes.
