En México la fiscal general de la República presentó un plan estratégico de procuración de justicia que plantea transformaciones en la Fiscalía General de la República con un marcado énfasis en las víctimas. El anuncio subraya el interés por adecuar la operación institucional a prioridades locales de atención y reparación.
La presentación se realizó ante el Gabinete de Seguridad, ministros de la Suprema Corte, gobernadores y legisladores, entre otros funcionarios, y la fiscal describió el proyecto como de corte humanista. Señaló que la iniciativa busca mejorar la impartición de justicia con criterios de protección a las personas afectadas por delitos.
Godoy señaló que la transformación tendrá como objetivo central a las víctimas y agradeció el avance en un nuevo marco constitucional en materia de seguridad pública que, dijo, permitirá articular a distintas instituciones. Ese marco incluye modificaciones legales destinadas a coordinar investigaciones y políticas públicas.
Entre las normas mencionadas figuran la ley del sistema nacional de investigación e inteligencia, la ley general del sistema nacional de seguridad pública, la ley de la Guardia Nacional, la ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión y la ley general en materia de desaparición y búsqueda. Según la fiscal, esas reformas facilitarán la interoperabilidad entre instancias.
La titular de la FGR aclaró que la autonomía de la institución no implica operar de forma desarticulada y anunció que se impulsará la coordinación con autoridades de seguridad pública, fiscalías locales, organismos de derechos humanos, comisiones de búsqueda, universidades, sociedad civil y empresas. La estrategia prevé mecanismos de trabajo conjunto para casos complejos y sistemas de información compartida.
«Buscamos transitar de una visión punitiva hacia una procuración de justicia con un profundo sentido social», afirmó, y vinculó la justicia restaurativa con la reparación integral del daño, la reducción de riesgos de revictimización y la restauración del tejido comunitario. Planteó la adopción de prácticas que prioricen la recuperación y la reinserción.
También resaltó la necesidad de incorporar una perspectiva de género con mayor peso en las prioridades de la Fiscalía y defendió la estandarización de protocolos para desarticular la violencia sistémica contra las mujeres. Señaló que la ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos de feminicidio busca homologar el tipo penal a nivel nacional y sus agravantes, como reconocimiento de la insuficiente respuesta actual frente a esa violencia.
En materia de extorsión, la fiscal informó sobre la homologación del tipo penal básico y la incorporación de 35 agravantes, y destacó la realización del primer encuentro nacional de procuradurías y fiscalías estatales sobre el tema. La iniciativa incluye la coordinación entre autoridades para fortalecer la investigación y sanción de ese delito.
