Irapuato, Gto., 25 de octubre de 2022.- La irapuatense Karla María Macías Lovera, jueza Noveno de Distrito en Guanajuato, otorgó una suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México (UCMéxico) contra el decreto por el que la Guardia Nacional (GN) se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En total fueron promovidos 72 amparos de organizaciones civiles del país que se oponen a la figura de la militarización; la mayoría fueron de Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos, Unión Cívica 1 País, México Haciendo Ciudadanía, Neurona Ciudadana, y los despachos Firma Jurídica, AC&AC Asociados, Tojil Eek, justificando dicha acción legal porque están en contra de que una corporación que nació con un perfil civil pase a la Secretaría de la Defensa Nacional y con un matiz militar siga realizando labores de seguridad pública en el país.
Con fundamento en los artículos 139 y 147 de la Ley de Amparo, la jueza concedió la suspensión definitiva para que la decisión se retrotraiga al estado que guardaba antes de la promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicados el pasado 9 de septiembre.
En consecuencia, la jueza ordenó que «no se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional», por lo que «dicho organismo continúa bajo el mando de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como prescribe el artículo 21 de la Constitución».
La resolución establece además que los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional deben suspender de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales, pero en caso de que dicha transferencia ya haya iniciado se establece entonces que los recursos deben restituirse, en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de 2022.
«Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues solo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución», se lee en la versión pública de la sentencia.
