El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cazarez, junto con otros ocho funcionarios y exfuncionarios, han sido acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa y delitos de tráfico de drogas. Esta acusación podría tener un impacto significativo en la política y la gobernanza local.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, los acusados, todos de alto rango en el gobierno y las fuerzas del orden, son señalados por haber colaborado con el cártel para distribuir grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos. Este caso ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Las imputaciones incluyen la participación de los funcionarios en una «conspiración corrupta y violenta» para importar sustancias como fentanilo, heroína y metanfetamina desde México. Se les acusa también de haber proporcionado protección a líderes del cártel, además de entregar información confidencial que facilitaba sus operaciones.
Rubén Rocha es específicamente acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas de fuego y explosivos, lo que podría resultar en una condena de cadena perpetua o hasta 40 años de prisión. La acusación sostiene que fue elegido con la ayuda de «Los Chapitos», quienes lo habrían intimidado para asegurar su posición.
Otros acusados incluyen a altos funcionarios como el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés. También están implicados el excomandante de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
El alcalde, de acuerdo con la acusación, habría permitido la operación del Cártel en Culiacán a cambio de sobornos significativos, proporcionando acceso a recursos de la Policía Municipal para facilitar el tráfico de drogas.
Los acusados han rechazado las imputaciones, enfatizando su intención de defenderse. La situación plantea serias preocupaciones sobre la corrupción en la administración pública de Sinaloa y su relación con el narcotráfico, un tema sensible y complicado en la región.
