Marycarmen Soria
El miércoles 1º de noviembre, el gobierno anunció un plan de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y otras zonas devastadas por el huracán Otis, incluyendo Coyuca de Benítez. De los 20 puntos anunciados, las transferencias monetarias a la población recaerían, fundamentalmente, en “adelantar” dos meses los programas de bienestar que ya se conocen y están presupuestados. Para entendernos mejor, conviene señalar que según la SHCP, para el presupuesto 2024, los programas sociales prioritarios son: el de Adultos Mayores (62.7% del total); el de becas para los niños (11.9%); Sembrando Vida (5.3%); la Escuela es Nuestra (3.8%).
Para los empresarios se anunciaron otras medidas, básicamente, exenciones fiscales y créditos a bajo costo con especial atención a los hoteles, las cuales sin duda resultan necesarias para levantar la industria turística del puerto. Sin embargo, destaca que las medidas anunciadas por el presidente no contemplen apoyos extraordinarios a los agricultores y campesinos, adicionales a los ya señalados (fertilizantes, Sembrando vida, etc.). No hay tampoco una partida extraordinaria para salud y educación (rehabilitación de hospitales y escuelas).
Hay una ausencia también de gran importancia: falta un programa diseñado especialmente para beneficiar directamente a los trabajadores. Hay que partir del hecho de que, en estos momentos, hay un desempleo masivo, cercano al 100% de la población económicamente activa. Para Acapulco, el apoyo monetario podría consistir en un salario mínimo diario por entre tres y seis meses.
Esta propuesta puede parecer cuantiosa. No obstante, de acuerdo con la palabra del presidente, se cuenta con recursos “ilimitados”, por lo que conviene más bien destacar los beneficios de una medida semejante que en reparar en sus impactos fiscales:
Sin esta ayuda, los trabajadores tendrían que migrar a otros municipios o estados del país; pasar de la formalidad a la informalidad; y los que ya están en esa situación, aceptar ocupaciones extremadamente insalubres o riesgosas. Ayudarían también a que los cuidados de niños, enfermos y adultos mayores y el trabajo del hogar se realicen de manera más compartida (entre los miembros de la familia).
Adicionalmente, el registro de beneficiarios permite tener una información mucho más exacta que los censos casa por casa y ofrece a las autoridades datos valiosos para implementar programas fiscales, laborales y de beneficio social. Si se estudia con cuidado y con base en la experiencia internacional, seguramente podríamos mejorar algunas políticas públicas en casos de desastres naturales y ayudaría a levantar más rápidamente, y en mejores condiciones, una nueva economía acapulqueña, basada en el turismo, pero con mejores niveles salariales y menores porcentajes de informalidad. Todos saldrían ganando.
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