Guanajuato, Gto., 30 de enero de 2024.- La Comisión de Asuntos Municipales realizó una mesa de trabajo para analizar 28 diferentes iniciativas en materia municipal turnadas a dicha comisión, tomando como base la iniciativa de Ley Municipal para el Estado de Guanajuato.
En su participación, Julio César Ruíz Colunga, presidente de la Asociación de Impartidoras e Impartidores de Justicia Municipal, recalcó la importancia de reflexionar el apartado de Justicia Administrativa, debido a que no alcanza a sumarse la función de impartición de justicia en los términos en los que se encuentra actualmente los juzgados administrativos.
Por su parte, Alfredo Israel Barrón, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, manifestó que los magistrados del tribunal que representa pusieron a discusión la necesidad de incluir un glosario en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, toda vez que se tienen diversos conceptos que podrían generar antinomias o que ya están definidos en su apartado específico.
Al hacer uso de la voz, Carlos Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica, comentó que en atención a las categorías políticas establecidas por la legislación municipal para el estado se deberá establecer que es el Ayuntamiento por mayoría calificada quien acuerda la fusión, división o cambio de las categorías políticas.
Luis Alberto Ortega Estrella, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, indicó que es una obligación de la autoridad dar respuesta por escrito a la petición planteada denominada como de breve término, aspecto que debe entenderse como el periodo racional y justificado para estudiar la petición; misma que se debe procurar para que cualquier solicitante pueda acudir a un tribunal cuando su petición no sea atendida.
En su intervención, el diputado Armando Rangel Hernández manifestó que la afirmativa ficta no obliga a la autoridad a contestar afirmativamente, sino que lo obliga a contestar de manera negativa o afirmativa en función de qué proceda, por lo que no se debería de confundir el tema y descartar dicho supuesto de inmediato, toda vez que lo que se pretende mitigar es el abuso de la autoridad en dicho rubro.
Vicente Vázquez Bustos, representante de la Coordinación General Jurídica, expresó que se debe valorar si se deben permitir las reuniones a distancia solamente cuando haya una emergencia declarada por la autoridad sanitaria, debido a que resulta más operativo tener una reunión que no tenga un tema sustantivo o de trámite a distancia, por lo que poner una limitante restringiría la operatividad de un mecanismo actual.
Andrea González Polak, de la de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, precisó que se deben establecer mecanismos de coordinación para el seguimiento y atención de las recomendaciones no vinculantes, ya que se ha documentado que diversos municipios no dan respuesta a las recomendaciones que se emiten por lo que debe haber mecanismos para su cumplimiento.
Carlos Díaz Ábrego, presidente de la Alianza de Contralores estado-municipios de Guanajuato, expresó que la falta de homogeneidad en el seguimiento puntual de las 46 contralorías municipales hace que cada contraloría municipal tenga un seguimiento particular y diferente y que en ocasiones puede ser calificado como irresponsable al no dar respuesta a los informes de las actividades que por obligación legal deben llevar las contralorías.
El legislador Bricio Balderas Álvarez precisó que derivado de las mesas técnicas, de los foros de consulta y las opiniones que se hicieron llegar, los invitaba a seguir generando propuestas adicionales sobre el mismo articulado y así encontrar aspectos que queden mejor integrados a la nueva propuesta de Ley.
Finalmente, el presidente de la Comisión señaló que se estarán llevando más mesas de trabajo y que de ser posible se tenga para febrero una quinta mesa sobre el tema, además de reiterar que se están conservando las opiniones y participaciones vertidas, por lo que agradeció a los asistentes por su contribución a mejorar los trabajos legislativos.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Bricio Balderas Álvarez (presidente), Armando Rangel Hernández y Ernesto Millán Soberanes; acompañados por Andrea González Polak y Erik Gerardo Ramírez Serafín, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; Julio César Ruíz Colunga, Asociación de Impartidoras e Impartidores de Justicia Municipal; Luis Alberto Ortega Estrella, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Alfredo Israel Barrón, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Vicente Vázquez Bustos y Carlos Rodríguez Pacheco, de la Coordinación General Jurídica del Estado; Carlos Díaz Ábrego, presidente de la Alianza de Contralores estado-municipios de Guanajuato; así como personal del Congreso del Estado de Guanajuato y miembros de la comunidad estudiantil.
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