Dicha norma tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales; así como las bases de actuación de los poderes Legislativo y Judicial, y de los organismos autónomos para promover, proteger y garantizar de forma progresiva el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género.
Entre sus principios rectores se encuentran la accesibilidad universal, la autonomía, la complementariedad, la dignidad humana, la equidad, la igualdad y no discriminación, la no regresividad, la participación, la progresividad, la sostenibilidad y la transversalidad.
Precisa los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, que se enlistan de manera enunciativa y no limitativa, derecho a la libertad, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad y a la seguridad personal y colectiva; a la certeza jurídica y al acceso a la justicia; a la salud; a la educación; al trabajo y a las garantías laborales; a la participación política; sexuales y reproductivos; a la igualdad y no discriminación; y culturales.
Asimismo, detalla las atribuciones de las dependencias competentes para la aplicación de la nueva norma; indica que los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos deberán establecer acciones afirmativas que aseguren el desarrollo progresivo de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género.
También considera la creación de un Programa Estatal para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género, el cual deberá contener como mínimo: el señalamiento de los principales problemas y tendencias; así como la descripción de las oportunidades y obstáculos para el desarrollo de las personas de la diversidad sexual y de género; las acciones para la adecuada atención y reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género; las actividades que estimulen el quehacer artístico, cultural y de expresión de las personas de la diversidad sexual y de género; y los mecanismos de coordinación y concertación.
Además, la Secretaría de Gobierno contará con una unidad de la diversidad sexual y de género responsable de la ejecución, promoción e impulso de las acciones en materia de diversidad sexual y de género; y de la misma manera los ayuntamientos.
Al hablar como autor del dictamen, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que este día era un momento histórico para el Estado de Guanajuato, ya que hoy se podía solventar, aunque de forma parcial, una de las deudas estructurales que el poder público de la entidad tiene para con las personas de la diversidad sexual y de género.
Refirió que la propuesta fue presentada desde 2020, después de detallar el proceso legislativo que fue retomado en la actual legislatura, el congresista argumentó que el dictamen era una muestra más de que los Derechos no se otorgan, se pelean, se conquistan y se defienden.
Afirmó que tenían la oportunidad de dar el primer paso en la garantía de derechos de las personas de la diversidad, que la nueva ley mandata la creación de un programa con diagnóstico, objetivos, metas, acciones y autoridades responsables para garantizar la atención integral a las personas de la diversidad sexual y de género.
Genera un antecedente para que los municipios creen su propia unidad administrativa encargada de la atención a la diversidad sexual y de género, entre otras cosas.
Finalmente, comentó que eran conscientes de que un faltaba por avanzar, pero era un gran avance.
Al hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna los legisladores Alejandro Arias Ávila, Gerardo Fernández González y Armando Rangel Hernández.
En su intervención, Alejandro Arias Ávila indicó que se tiene la convicción de crear políticas públicas que busquen la protección plena de las personas y construir el camino a la no discriminación y, con ello se busca mitigar las acciones en contra de todas y todos los que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+.
El legislador mencionó que, bajo el principio de progresión, se creó un instrumento normativo de orden especial para visibilizar los derechos de la diversidad sexual y de género, que tiene sus bases en la opinión generada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que encomienda a los estados ejercer prácticas de respecto a actuaciones y prácticas de terceros.
Finalmente, mencionó que las legisladoras y legisladores coinciden en estar en contra de conductas de discriminación, donde a pesar de las diferencias e interpretaciones divergentes se tuvo concurrencia en la necesidad de elaborar dicho instrumento.
Por su parte, el diputado Gerardo Fernández González apuntó que el dictamen en discusión marcaba uno de los días más importantes para los derechos humanos en la historia de Guanajuato.
Reconoció el esfuerzo de los colectivos y personas de la diversidad sexual y de género, a quienes dijo, sin su esfuerzo, trabajo y lucha, esto no sería una realidad.
Fernández González indicó que esta nueva norma representaba el resarcimiento de una deuda histórica que como Estado se tiene con las personas de la diversidad sexual y de género.
“Esta iniciativa nos da la posibilidad de eliminar la brecha de desigualdad y discriminación que, históricamente sufren las personas de la diversidad sexual y de género”, manifestó.
El congresista resaltó que, aunque este era un avance trascendental para garantizar sus derechos, el trabajo no acababa aquí, aun tenían mucho por hacer, por construir y demasiado por transmitir.
Para concluir, mencionó que, si no quieren que esto quede en letra muerta, deben trabajar en cambiar a la sociedad desde las propias acciones.
Finalmente, el congresista Armando Rangel Hernández manifestó que los derechos humanos son para todas las personas, por lo que no pueden ser condicionados por prejuicios o discriminación.
Mencionó que se tiene el objetivo de establecer una legislación que visibiliza la necesidad de contar con disposiciones específicas que garanticen el respeto irrestricto a los derechos de las personas de la diversidad tomando en consideración su orientación sexual, identidad de género, sexo biológico y expresión de género.
“En Guanajuato avanzamos en la generación de legislaciones que protejan de manera extraordinaria a las personas que históricamente han sido invisibilizadas en las leyes y en las políticas públicas, quienes han sido víctimas de discriminación, de soledad y de violencia y por quienes en este Poder Legislativo tenemos el compromiso y obligación de legislar sin distinción”, finalizó.
