«Entregué dinero a AMLO», confesó El Grande a PGR, DEA y Departamento de Justicia

Mi investigación “La Historia Secreta. AMLO y el Cartel de Sinaloa” revela que el presidente de México tuvo encuentros directos con integrantes del Cartel de Sinaloa y habría recibido dinero de origen ilícito.

En 2010, desde los primeros días después de su detención Sergio Villarreal Barragán alias «El Grande» integrante de la cúpula del Cartel de Sinaloa, confesó ante la Procuraduría General de la República que por órdenes de Arturo Beltrán Leyva entregó quinientos mil dólares a Andrés Manuel López Obrador en un hotel de Gómez Palacio, Durango, el 15 de junio de 2006, cuando era el candidato presidencial de la alianza opositora Por el Bien de Todos.

El dinero fue entregado a nombre de los principales integrantes de la organización criminal: Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán Loera alias «El Chapo», e Ismael Zambada García alias «El Mayo».

«El Grande», en su declaración ante PGR, explicó que el contexto de la reunión con el hoy presidente fue el cónclave llevado a cabo a fines de 2005 y principios de 2006 en Nuevo Vallarta organizado por él y Francisco León, candidato al senado en Durango de la coalición Por el Bien de Todos. En dicho encuentro, dijo, estuvo un integrante del equipo de campaña de AMLO, con Arturo Beltrán Leyva, El Grande, Edgar Valdés Villarreal alias «La Barbie» y otros miembros de la organización criminal.

El propósito de esa reunión fue que el cartel financiara las aspiraciones políticas de López Obrador. A cambio del dinero ilegal el candidato presidencial ofreció dejarlos influir en la designación del titular de la PGR y altos funcionarios, favorecer sus negocios criminales y obstaculizar las operaciones de la DEA en México.

El mismo día que «El Grande» habló en la PGR de la entrega de dinero a AMLO, también confesó que la misma organización criminal daba millones de dólares al entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En su confesión estuvieron presentes Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y su colaboradora Guillermina Cabrera. Por parte del gobierno de Estados Unidos asistieron los agentes de la DEA Joe López y Miguel Madrigal con el fin de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos evaluara la calidad de información que «El Grande» podía dar en caso de ser extraditado.

Como revelé en mi columna del 31 de enero pasado en exclusiva, en 2010 y 2011 la DEA hizo su propia investigación sobre el financiamiento del 2006 y confirmó que el Cartel de Sinaloa entregó dinero a la campaña de López Obrador.

Contrario a lo que se hubiera esperado, la denuncia contra García Luna ni contra AMLO fueron investigadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón. Los hechos quedaron ocultos e impunes.

Cuando «El Grande» fue extraditado a Estados Unidos en 2012, de nueva cuenta testificó y habló de los detalles sobre la entrega del dinero ilegal a López Obrador y a García Luna. Por su veracidad en las declaraciones contra ambos, y contra otra una decena de políticos y funcionarios públicos, el Departamento de Justicia abogó por que estuviera pocos años en prisión.

Uno de los testigos de la entrega del dinero a AMLO y del pacto hecho con el Cartel de Sinaloa, a quien entrevisté a inicios de 2024 afirmó categórico: «Yo pensaba: ‘Este güey no va a ganar’. Yo me equivoqué, sí cumplieron todo lo que prometieron. Que los gringos se fueran, que los iba a traer cortos. No le llamaba entonces ‘abrazos, no balazos’, sino que quería tener al pueblo en paz.

Todo lo que les prometió Obrador son cosas que están sucediendo ahora, le está cumpliendo al Cártel de Sinaloa, los narcotraficantes son los más felices de que él esté en el poder. Yo lo veía muy cabrón, pensaba: ‘No va a cumplir’. ¡Y mira! ¡Sí cumplieron!”.

Reto a AMLO

Los hechos ocurridos en el hotel de Gómez Palacio forman parte de las revelaciones que hago en el libro «La Historia Secreta. AMLO y el Cartel de Sinaloa”, el cual es el resultado de una investigación periodística que realicé en los últimos cinco años buscando explicación de por qué, pese a la llegada de López Obrador al poder el sistema criminal que subyuga a México se mantuvo intacto e impune.

Tras la publicación de mi libro, hoy 29 de abril en su conferencia de prensa el presidente de México, alejado de su tono irónico y más bien con rostro preocupado dijo que el financiamiento del Cartel de Sinaloa a sus campañas son calumnias y que no hay pruebas. Me emplazó a presentarlas.

Es evidente que el mandatario no ha leído el libro. Pero más allá de eso lo reto a que pida al gobierno de Estados Unidos que permita que a través de videoconferencia su testigo colaborador Sergio Villarreal Barragán, hombre juzgado y libre, participe en una conferencia mañanera en Palacio Nacional para que de viva voz narre lo que vio y vivió en la campaña presidencial del 2006, incluyendo el encuentro con él aquella pequeña habitación del hotel El Campestre en Gómez Palacio.

Le recuerdo a López Obrador que un testimonio es una prueba. «El Grande» fue uno de los principales testigos de cargo contra García Luna en el juicio llevado a cabo en Nueva York, su testimonio fue una de las principales pruebas para que el exjefe policiaco fuera declarado culpable de empresa criminal continuada y narcotráfico por haber favorecido las operaciones del Cartel de Sinaloa. Condena que tanto validó y festejado el presidente de México quien ahora es el que está en el banquillo.

«La Historia Secreta”

Lo que descubrí a través de decenas de entrevistas a testigos de los hechos y a documentos oficiales que corroboran sus dichos, es que aquel episodio en el hotel de Gómez Palacios donde de propia mano López Obrador tomó el dinero y agradeció efusivamente el respaldo económico del Cartel de Sinaloa, no fue la primera ni la última vez que la organización financió sus aspiraciones políticas. Ni fue el único cartel que dio dinero en el 2006 pensando que sería el candidato ganador.

Los recursos ilegales comenzaron a llegar desde al menos en 2005 cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y continuaron en las campañas presidenciales del 2012, y 2018. Los vínculos han continuado durante su sexenio hasta involucrar a sus hijos mayores del presidente de México José Ramón y Andrés López Beltrán, quienes han sido visitantes de Los Chapitos y otros integrantes de la organización criminal, de acuerdo a testigos presenciales a quienes entrevisté en repetidas ocasiones.

La impunidad que ha habido sobre ese financiamiento ha originado que, de acuerdo a mi investigación, integrantes del Cartel de Sinaloa hagan actualmente proselitismo a favor de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum, como lo hicieron en 2018 a favor de López Obrador, esperando que así el pacto sea transexenal.

Uno de los promotores más entusiastas de la candidata de AMLO es Leobardo García Corrales, Don Leo, acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser uno de los principales traficantes de fentanilo. Pregona en Sinaloa: «Con Claudia vamos a estar mejor que con Obrador”.

 
Advertencia al lector

El libro donde se resume la investigación que he realizado consta de quince capítulos, todos entrelazados. Recomiendo que para entender la trama no sean leídos de manera aislada, sino en su conjunto. Decenas de testimonios y documentos oficiales que los sustentan aparecen a lo largo de la investigación, y se repiten en diversas partes. Las notas de pie de página son esenciales para explicar al lector el origen de la información.

De antemano advierto que no es un libro apto para quienes no estén dispuestos a leer primero antes de formarse una opinión ya sea positiva, negativa o neutral.

Sugiero que aquellos que con fines políticos o electorales pretendan usar el libro, lo revisen a conciencia ya que como el sistema criminal que predomina en México ha existido desde hace lustros y lo he denunciado en los últimos 20 años, hay integrantes de todos los partidos políticos mencionados a lo largo de mi investigación por su involucramiento.

Propongo que los voceros del régimen con la finalidad de al menos ser transparentes con sus audiencias, antes de salir en defensa de AMLO y Morena, primero hagan público su conflicto de interés. Deberían publicar sus contratos con gobiernos morenistas y los recibos de nómina de familiares contratados este sexenio por el gobierno federal. Un ejemplo es el caso del comunicador Julio Hernández, quien encabeza el canal de comunicación Julio Astillero bajo el slogan «Periodismo con credibilidad, que va más allá de lo superficial”. Astillero Ediciones S.C., a través de su representante legal Ma. de los Ángeles Guerrero Fernández ha firmado contratos publicitarios con al menos un gobierno de Morena y el portal www.julioastillero.com.

Las pruebas

Las pruebas que sustentan mi investigación son documentales y testimoniales.

Las documentales están enumeradas a lo largo del libro. Son expedientes de la PGR, diversas cortes de justicia de Estados Unidos, documentos internos de la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York y la DEA sobre los hallazgos en sus investigaciones a la campaña presidencial de AMLO en 2006, así como fichas del Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN) y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las pruebas testimoniales, como es sabido, son fundamentales en cualquier proceso para encontrar la verdad. Judicialmente en Estados Unidos, fueron los testimonios directos de miembros del Cartel de Sinaloa quienes llevaron a que se dictaran condenas de culpabilidad en cortes de Nueva York contra el ex secretario de Seguridad Pública de México; Genaro García Luna, y contra el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Para esta investigación los testimonios los recabé a través de dos formas: testimonios judiciales rendidos ante una autoridad y entrevistas que realicé.

Entre los testimonios judiciales están el de Jesús Zambada García alias «El Rey”, hermano de Ismael Zambada García alias El Mayo, líder de cúpula del Cartel de Sinaloa. «El Rey” rindió confesión jurada en Estados Unidos en 2018 y 2023, de haber dado millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006.

La declaración rendida por Sergio Villarreal Barragán alias El Grande ante la PGR en 2010.

También se encuentran declaraciones ministeriales de Roberto López Nájera alias El Diecinueve, rendidas ante la PGR de la República en 2009. En uno de los miembros del Cartel de Sinaloa a través del cual fue canalizado dinero criminal a la campaña de López Obrador. En sus declaraciones vinculó a dos operadores clave de la campaña presidencial 2006 con la organización criminal: Nicolás Mollinedo Bastar y Mauricio López Nájera.

Hay un reporte del CISEN que desde 2007 confirmó la relación entre «El Grande» y Francisco León, el candidato al senado de la coalición Por el Bien de Todos, quien en 2007 desapareció y nunca más se supo de su paradero. León fue el intermediario para concretar el encuentro entre «El Grande» y AMLO para la entrega del medio millón de dólares en billetes de a veinte, y una camioneta en la cual transportar el dinero ilegal.

 Anabel Hernández, periodista mexicana y autora de esta columna para DW© DW/R. Oberhammer
Las entrevistas a testigos las hice del 2020 hasta inicios de 2024. En ciudades y países diversas. Todos coincidieron de manera espontánea y separada sobre los recursos ilegales a las tres campañas presidenciales de López Obrador por parte del Cartel de Sinaloa, y en la denuncia de vínculos de altos funcionarios emanados del partido Morena con la misma organización criminal.

 Muchos de los testigos clave a quienes entrevisté son citados con nombre y apellido: Dámaso López Serrano alias «Mini Lic”, ex miembro de la cúpula del Cartel de Sinaloa y actual testigo colaborador del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso criminal abierto contra Los Chapitos. Él me afirmó que fue testigo directo de como Los Chapitos apoyaron la campaña presidencial de AMLO en 2012.

Guillermo Michel Hernández alias «El Lagartijo» quien fue jefe en grupos armados de Joaquín Guzmán Loera , El Chapo, y de Los Chapitos. Fue integrante del Cartel de Sinaloa hasta 2021, y ahora es testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos en casos relacionados con el tráfico de fentanilo. Me afirmó que le consta la operación a favor de AMLO y de Rubén Rocha Moya en las elecciones del 2018 y 2021.

Otro testigo importante es Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como Nico quien fue brazo derecho de AMLO de 2000 a 2014, y quien fue coordinador de logística en la campaña presidencial de 2006 y 2012. Contrario a lo que ha dicho a medios de comunicación, en entrevista grabada reconoció que Mauricio Soto Caballero, pieza clave en la trama del financiamiento ilegal en la campaña del 2006, era su socio, al menos hasta 2021 cuando lo entreviste. Reveló su amistad ininterrumpida con Soto Caballero aunque a otros dijo que después de 2006 ya no lo había visto.

Las contradicciones entre lo que me dijo en 2021 cuando no se sabía investigado, lo cual tengo grabado, y a lo que dijo en febrero de 2024 luego de que supiera que la DEA lo había investigado por canalizar dinero del Cartel de Sinaloa a la campaña indica manipulación y falsedad con el fin de ocultar hechos relevantes en la trama del financiamiento.

A mí Nico me confesó de la cercanía de Mauricio con AMLO era tal, que Soto Caballero- quien de acuerdo a la investigación de la DEA fue quien también recibió millones de dólares del Cartel de Sinaloa a la campaña de AMLO en el 2006- entregó a él y a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, tarjetas American Express adicionales sin límite de crédito. Los gastos de cientos de miles de pesos fueron cargados a la tarjeta de la que Soto Caballero era el titular.

Está el testimonio de Julián García primo de Omar García Harfuch, ex Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, muy cercano a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Lo entrevisté en el año 2022, me afirmó que tenía conocimiento pleno de que García Harfuch y otros de sus familiares están involucrados con el Cartel de Sinaloa, lo cual se confirma con la denuncia que hizo «Mini Lic” en 2023 publicada en esta columna.

 
También el Cartel de Tijuana dio dinero a campaña de AMLO

Otro testigo muy relevante es el agente de la DEA en retiro Steven Duncan, agente especial del Departamento de Justicia de California. Trabajó con la fiscalía del Distrito Sur de California de 2006 hasta 2010.

Durante meses Duncan entrevistó a Javier Arellano Félix alias el Tigrillo, detenido por el gobierno de Estados Unidos, y así descubrió otros secretos sobre la campaña de AMLO en 2006. Lo entrevisté para esta investigación y afirmó:

«Sobre AMLO fue en 2007 cuando estaba sentado en el cuarto con Javier Arellano Félix (fue en San Diego, en la oficina de la fiscalía, el Tigrillo tenía 36 años). En los primeros encuentros, él tenía una lista de información que dar. Habitualmente, el abogado hace una lista y la entrega al fiscal, quien la comparte con los agentes que están en el caso, y uno ve la lista… ¡eran muchas, muchas cosas! Cada encuentro trataba sobre un tema diferente.

Desde el primer encuentro, Javier habló de AMLO. Los Arellano dieron dinero a la campaña presidencial de López Obrador porque pensaron que iba a ganar.

Entrevisté a integrantes del círculo cercano a AMLO y a sus campañas quienes de momento solicitaron que sus nombres no fueran revelados por temer por su vida.

Entrevisté a un alto ex funcionario de la PGR y a uno de los testigos de la declaración dada por «El Grande» sobre el episodio del hotel en Gómez Palacio para reconfirmar la información obtenida, accedieron a hablar a condición de que no se mencionara su nombre por temor a represalias.

Hable con otros tres integrantes del Cartel de Sinaloa activos en distintos periodos del 2000 al 2023. Todos ellos han colaborado con la justicia en Estados Unidos o México, ninguno es prófugo de la justicia ni narcotraficante activo. Su situación legal en este momento les impide que sus nombres sean revelados porque aún son testigos importantes en procesos judiciales e investigaciones que están en curso en Estados Unidos.

Evidencias a la luz del día

La evidencia de las anomalías de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República y su gobierno en materia de crimen organizado están a la luz del sol. Solo un ciego no puede verlas.

La infame declaratoria presidencial de «abrazos y no balazos” hacia el crimen organizado. Contratos del gobierno federal oficiales, firmados y sellados, con la empresa Estancia Infantil Niño Feliz de la familia de Ismael Zambada García alias «El Mayo», uno de los líderes del cartel. Pese a ser una compañía señalada por lavado de dinero para el cartel, a través de esos contratos el gobierno de AMLO ha pagado millones de pesos de dinero público.

La rendición del gobierno de López Obrador ante Los Chapitos en 2019 que se tradujo en la liberación de Ovidio Guzmán López, uno de sus líderes.

La gratitud pública de López Obrador a las organizaciones criminales en las elecciones intermedias del 2021. Esto pese a que se registraron actos de intimidación y levantones a candidatos de la oposición por parte de integrantes del Cartel de Sinaloa, hechos narrados con detalle por «El Lagartijo».

La declaratoria de AMLO de que ‘el narco es pueblo’ poniendo al mismo nivel de derechos a los carniceros y sus víctimas. Y la ilusa idea dicha por AMLO recientemente de que a él los narcos lo ‘respetan’ cuando para ellos es un instrumento más.

Los periodistas no hacemos la historia del poder ni somos sus protagonistas, solo la investigamos y la contamos. Esa es nuestra misión para que la gente de modo libre pueda conocer la verdad, juzgarla en libertad de criterio y tomar decisiones propias.

El reto de mi investigación no era encontrar las evidencias porque son explícitas, sino explicar las razones de fondo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Por qué? Ese es y será mi único compromiso, aunque sea incómoda al poder sus secuaces.