Nuevo enfoque preventivo en la administración pública
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó hoy la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, diseñada para reducir los sobornos, que representaban un 4.5% del valor de los contratos públicos antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta nueva dependencia reemplaza a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y busca un enfoque más transversal en todos los niveles del gobierno.
Liderazgo de Raquel Buenrostro
Raquel Buenrostro, conocida como «la dama de hierro» por su labor en la austeridad y fiscalización, encabezará esta nueva Secretaría. En su intervención, destacó que la lucha contra la corrupción ha permitido un crecimiento histórico de los recursos públicos en la Cuarta Transformación.
Resultados en la reducción de la corrupción
Durante el gobierno de López Obrador, la tasa de actos de corrupción se redujo un 11.2% entre 2019 y 2023, según datos del Inegi. Además, la percepción de la población sobre la frecuencia de prácticas corruptas disminuyó ocho puntos porcentuales, alcanzando un mínimo histórico del 83.1%.
Enfoque preventivo y modernización
La Secretaría planea cambiar de un enfoque correctivo a uno preventivo. Su objetivo incluye dignificar la carrera del servidor público y modernizar la administración pública para mejorar la eficiencia y disuadir la corrupción. También promoverá compras públicas transparentes que favorezcan a proveedores nacionales.
Fortalecimiento de la denuncia y combate a la impunidad
En su labor anticorrupción, la Secretaría impulsará la cultura de la denuncia tanto en el sector público como en el privado, con investigaciones que inhiban la corrupción y combatan la impunidad. “Hay que hacer que violar la ley sea más costoso que cumplirla”, afirmó Buenrostro.
Objetivos en los primeros 100 días
Entre las metas iniciales de la nueva Secretaría se incluyen la reestructuración de la administración pública federal, el acompañamiento a obras como el Tren Maya y el sector salud, así como la elaboración de reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras, con el objetivo de ahorrar hasta un 70% mediante subastas de contratos públicos.
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