Guanajuato, Gto., 7 de noviembre de 2024.- Con el objeto de fortalecer los mecanismos de control orientados hacia la garantía de la autonomía de la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, la diputada Plásida Calzada Velázquez y el diputado David Martínez Mendizábal, integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato.
Al hacer uso de la tribuna para presentar la exposición de motivos de la propuesta, la diputada Plásida Calzada Velázquez indicó que existen cuatro características para observar las instituciones públicas: titularidad de derechos, justiciabilidad, progresividad y participación, que son un excelente marco conceptual para considerar los cambios propuestos a la mencionada norma, que son particularmente el perfil y la forma de designación de la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Apuntó que una de las particularidades que debe tener la Procuraduría de los Derechos Humanos es su autonomía, pero que esa es complicada de asegurar porque a la persona titular la nombra el Congreso local y éste generalmente es dominado por algún partido político cuyo interés, entre otros, es conservar el poder.
En ese sentido, dijo, es obligación del Poder Legislativo establecer los mayores y mejores controles y procedimientos en vías a consolidar esa autonomía.
“Por el peso otorgado al titular de la Procuraduría, éste o ésta deberá tener una distancia significativa de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como de los poderes fácticos para cumplir la norma, para que esté en condiciones de ser garante de los derechos humanos en Guanajuato. No se puede ser juez y parte cuando en esta delicada tarea se juega algún favor político, compadrazgos o la promesa de futuros puestos en la administración pública”, enfatizó Calzada Velázquez.
Resaltó que los conflictos de interés deben ser reducidos a su mínima expresión y en el mejor de los casos eliminados, y de ahí la necesidad de priorizar a defensoras y defensores provenientes de la sociedad civil que poseen una mirada social desde el lugar de las víctimas, ya que consideran como un mejor perfil para conducir a la citada institución, a quienes desde la lucha directa en favor de las víctimas han trabajado cara a cara, desde abajo y desde adentro, y poseen una convicción surgida de la dura experiencia de atender de forma comprometida las violaciones a los derechos humanos.
“Se requiere un procurador o procuradora sensible a considerar, radicalmente, el enfoque de su actuación desde los derechos de la víctima y a la vez, sea ajeno a componendas políticas y a las complicidades con otras instituciones locales, concertadas para mejorar la estadística de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría”, finalizó la congresista.
Entre las modificaciones propuestas se contempla que para ocupar el multicitado cargo se requiere ser preferentemente licenciado en Derecho o contar con licenciaturas o posgrados relacionados con los derechos humanos; acreditar la experiencia en materia de derechos humanos, por lo menos en los cinco años anteriores a su designación; se detalla el proceso para designar a la persona titular de la Procuraduría; y que dicha persona no podrá ocupar cargo público de primer nivel jerárquico dentro de los poderes públicos estatales durante los cinco años siguientes a su designación, a excepción de la actividad académica.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.
