Guanajuato, Gto., 9 de noviembre de 2024.- La diputada María Eugenia García, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 39 ayuntamientos y sus autoridades para que, a la brevedad, adecuen sus instrumentos normativos en los términos de lo establecido por la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato e implementen la organización y el funcionamiento de los órganos encargados de impartir Justicia Cívica conforme a lo previsto en la Ley en mención debiendo prever los recursos necesarios para ello.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la congresista indicó que la prevención del delito es una tarea compartida, que implica la responsabilidad complementaria de todos los niveles de gobierno, sin excusa alguna.
Mencionó que por Cultura Cívica se entiende al conjunto de reglas de comportamiento social que permiten una convivencia armónica entre los ciudadanos, en un marco de respeto a la dignidad y tranquilidad de las personas, a la preservación de la seguridad ciudadana y la protección del entorno urbano; mientras que la Justicia Cívica, es el conjunto de acciones realizadas por las autoridades, a fin de preservar la cultura cívica y resolver conflictos individuales, vecinales o comunales.
En ese sentido, resaltó que la Justicia Cívica es una herramienta útil para evitar la ejecución de delitos de mayor gravedad pues se convierte en la promotora de la convivencia armónica de las personas preservando el orden público.
García Oliveros se refirió a la aprobación de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato y precisó que los municipios debían implementar la Justicia Cívica en los siguientes 180 días que se cumplimiento en octubre de 2022.
Agregó que, bajo la premisa de recuperar el tejido social desde las colonias, barrios o manzanas, promover la convivencia armónica de las personas y preservar el orden público, la citada norma debería ser una herramienta de cercanía, mediación, corresponsabilidad y respeto de la autoridad con los ciudadanos.
Indicó que a la fecha sólo los municipios de Guanajuato, León, Irapuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende y Cortazar han cumplido con la creación de juzgados cívicos y el reglamento municipal en la materia.
“Desde esta tribuna se hace un exhorto para que las autoridades municipales confíen en el diálogo como el mejor camino para construir ciudadanía, a que se privilegie la solución de los conflictos vecinales poniendo en práctica las herramientas que propone la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, a que la imparcialidad de las autoridades evite su erosión al resolver un conflicto comunitario fomentando la participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia local”, finalizó la legisladora.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen.
