SCJN ordena al Gobierno federal entregar informe sobre el caso Calica-Vulcan
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo en contra del Gobierno federal, ordenando la entrega de los documentos presentados ante la ONU sobre la denuncia contra la empresa Calica, una filial de Vulcan Materials, por un supuesto desastre ambiental en Playa del Carmen, Quintana Roo. La Corte resolvió que el recurso de revisión promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República era «infundado».
La decisión de la SCJN y su impacto
Por mayoría, con nueve votos a favor y dos en contra, la SCJN desestimó el argumento del Gobierno federal de que la información solicitada era confidencial por razones de seguridad nacional. La Corte determinó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tenía razón al exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que proporcionara la copia simple del escrito presentado ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2022, en el que se acusa a Calica de causar un daño ecológico en la zona.
Según la SCJN, el Inai no podía aceptar la actualización de causales de reserva sin una justificación clara, ya que eso iría en contra de las reglas constitucionales sobre el acceso a la información pública, en particular, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información en América Latina y el Caribe. La Corte subrayó que la transparencia es fundamental en asuntos ambientales, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Contexto del caso: Calica y el «desastre ecológico»
En julio de 2022, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, entregó una denuncia a la ONU contra Vulcan Materials por un presunto desastre ecológico provocado por la extracción de material pétreo en la cantera de piedra caliza de Punta Venado, en Playa del Carmen. La denuncia señaló que la actividad minera de la empresa en esa área causaba un daño irreparable al ecosistema local.
La información fue difundida por la titular de Semarnat en sus redes sociales, donde publicó una imagen de la entrega del documento a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En su publicación, Albores destacó la importancia de proteger el territorio mexicano y la soberanía nacional, refiriéndose al caso como una defensa de la naturaleza.
Respuesta de Vulcan Materials
Vulcan Materials, por su parte, negó las acusaciones del gobierno mexicano, calificándolas de «falsas». La empresa, en una carta abierta, defendió la legalidad de sus operaciones y su compromiso con el medio ambiente en México. Además, advirtió sobre los «efectos adversos» que podría tener la campaña de desprestigio del gobierno sobre la economía de Quintana Roo y la viabilidad a largo plazo de sus operaciones.
Desde marzo de 2022, el gobierno federal clausuró la cantera de Sac-Tun, conocida como Calica, y suspendió los permisos de operación del muelle Punta Venado, desde donde Vulcan exportaba piedra caliza. La empresa calificó estas acciones como «arbitrarias» y subrayó que la medida afecta tanto a los empleos locales como a los ingresos tributarios de la región.
Implicaciones del fallo y el futuro del caso
El fallo de la SCJN podría tener un impacto significativo en el manejo de casos relacionados con la transparencia en cuestiones ambientales y la protección de los derechos humanos. Al ordenar la entrega de la información sobre el caso Calica, la Corte reafirma su compromiso con el acceso a la información pública y con la protección del medio ambiente.
La decisión también refuerza la importancia de la rendición de cuentas en casos de posibles violaciones ambientales, especialmente cuando se trata de empresas extranjeras operando en territorio mexicano. Este fallo podría establecer un precedente importante en la jurisprudencia en cuanto a la transparencia y el acceso a la información en temas relacionados con el medio ambiente y las empresas multinacionales.
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