Buscan fortalecer la legislación electoral para atender la violencia política en razón de género

Guanajuato, Gto., 14 de noviembre de 2024.- Con el objetivo de introducir a la legislación electoral un medio de impugnación específico para los casos de violencia política en razón de género, la diputada Carolina León Medina de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para crear el Juicio para la Protección contra actos de violencia política en razón de género.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la congresista indicó que la justicia electoral tiene como objetivo la defensa de los derechos políticos-electorales de las y los ciudadanos en general, y en calidad de candidatas y candidatos, de los partidos políticos y las agrupaciones o asociaciones políticas, principalmente en lo relativo a los actos que deriven de los procesos de elección popular.

La legisladora se refirió a las reformas para maximizar los espacios de participación política de las mujeres, sin embargo, dijo, la mayor participación y representación de las mujeres en la vida política del país ha provocado más incidencia de actos de violencia en su contra, con el único objetivo de desalentar su participación en espacios que aún se consideran reservados a los hombres.

Mencionó que uno de los argumentos que se han esgrimido para obstaculizar el reconocimiento de la existencia de la violencia política en razón de género es que no existen suficientes elementos para caracterizarla. Afirmó que, si bien la ley electoral estatal establece lo que es dicha violencia, no dispone ningún medio de impugnación específico para resolver controversias originadas por estas conductas.

León Medina agregó que, el objetivo del citado juicio es que esas conductas puedan ser investigadas, juzgadas y sancionadas. Señaló que, la iniciativa contempla la adición de un capítulo relativo al citado juicio con seis secciones en las que se abordan los principales aspectos del procedimiento, desde los requisitos de procedibilidad hasta las sanciones que deberán imponerse a quien cometa esos actos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen, y para opinión a la Comisión para la Igualdad de Género.

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