Guanajuato, Gto., 24 de abril de 2025.- El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que realice una auditoría financiera y de desempeño a la empresa Guanajuato Leasing Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM ENR, abarcando los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023, 2024 y concomitante 2025.
Al hacer uso de la voz para exponer las consideraciones de la propuesta, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo refirió que en 2019 se constituyó Guanajuato Leasing Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM ENR, como una empresa de arrendamiento financiero creada desde el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), utilizando recursos públicos del fondo de pensiones de trabajadores del estado.
Asimismo, expresó que la empresa desde su origen tuvo como su más grande cliente el propio gobierno del estado y que los beneficios reales estarían concentrados en manos de cinco socios de familias acaudaladas de la entidad, los cuales mencionó que están ligados a contratos y beneficios con el propio estado a través de varios programas.
“En septiembre de 2023, los empresarios de la empresa adquirieron misteriosamente el 50.5% de las acciones, y el ISSEG quedó con un 49.5% permitiendo así que la empresa fuera dada de baja del padrón de entes paraestatales y de los sujetos obligados en materia de transparencia. Esa decisión no fue producto de eficiencia empresarial, sino de una clara estrategia para evadir la fiscalización pública”, dijo.
La diputada mencionó que entre 2021 y 2024, el gobierno estatal firmó dos contratos millonarios con GTO Leasing; uno por 305 vehículos por 192 millones de pesos y otro por 300 unidades más por 174 millones, donde a pesar del incumplimiento del primer contrato no se aplicó penalización alguna y se continuó contratando a la empresa.
“Es importante señalar que, a pesar de todas las observaciones y denuncias públicas, la Auditoría Superior del Estado no realizó auditorías financieras ni de cumplimiento a GTO Leasing entre 2021 y 2024, a pesar del uso evidente de recursos públicos. La empresa fue excluida sistemáticamente del escrutinio público, bajo el pretexto de ser una entidad privada, aunque se originó y funcionó gracias a fondos del ISSEG”, precisó.
Finalmente, Aguilar Castillo expresó que el caso de GTO Leasing es uno de los símbolos más claros de cómo se construyen estructuras de poder que operan al margen de la ley bajo el disfraz de legalidad, por lo que el Congreso tiene la obligación de romper con la impunidad y garantizar que cada peso público se rinda, se audite y se devuelva a la ciudadanía.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
