Guanajuato, Gto., 7 de mayo de 2025.- Convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato que busca ampliar las opciones de medidas preventivas y protección contempladas en la ley, además de incluir directamente entre las personas defensoras de derechos humanos a quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas.
Todos los participantes en la mesa expresaron que coincidían con lo propuesto en la iniciativa.
La diputada Ana María Esquivel Arrona agradeció a cada una de las personas participantes, al resaltar que su participación era el reflejo de una convicción compartida, hacer que la dignidad humana sea el pilar inquebrantable para proteger los derechos fundamentales de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos con valentía y entrega.
Agregó que hablaban de mujeres y hombres que, desde sus trincheras profesionales, se convertían en guardianes incansables de los más preciado que se tiene como sociedad: la integridad, la vida, la democracia y la defensa irrestricta de las libertades que dan sentido al Estado de Derecho.
Finalmente, remarcó que la iniciativa transcendía el ámbito normativo para convertirse en la materialización efectiva de derechos, porque, dijo, solo se tendrá una democracia plena cuando ningún periodista tema al silencio, cuando ningún defensor retroceda ante las amenazas y cuando la dignidad no sea un discurso, sino la esencia misma de la convivencia.
Por su parte, el congresista Jesús Hernández Hernández habló sobre la importancia de la libertad de prensa, al decir que sin periodismo libre y crítico la ciudadanía pierde su capacidad de conocer la verdad, cuestionar al poder y participar plenamente en la vida pública. Enfatizó que resulta indispensable fortalecer los marcos de protección para quienes con valentía y compromiso informan a la sociedad.
Añadió que la iniciativa no era solo oportuna, sino urgente; que se trataba de proteger a quienes documentan y dan voz a las causas invisibles; de salvaguardad su integridad física y el derecho colectivo a estar informados.
Finalmente, comentó que respaldar la propuesta era apoyar que se cuente con un marco de protección a quienes ejercen su labor, aportar por un estado donde la crítica y la investigación sean respetadas, se proteja y la información fluya de manera libre.
En su oportunidad, el diputado José Salvador Tovar Vargas indicó que ejercer el periodismo o la defensa de los derechos humanos era un acto de verdadera valentía, ya que detrás de cada investigación publicada y de cada denuncia presentada estaba el corazón de personas que han convertido la búsqueda de verdad y justicia en su misión de vida, arriesgando lo más preciado que es su integridad, su libertad y, en los casos más dolorosos, su propia vida.
Apuntó que, la iniciativa era un acto de justicia que reconocía una verdad irrefutable, garantizar el derecho a la libertad de expresión, por lo que, resaltó que el fortalecimiento al Consejo Estatal de Protección con medidas concretas e inmediatas, recursos suficientes y mecanismos de seguimiento efectivo debía ser el principal instrumento que efectúe los derechos, ya que cuando salvaguardaban a un periodista se estaba preservando el derecho a la información de información de toda una comunidad y que cuando se protegía a un defensor se estaba fortaleciendo la justicia de toda la sociedad.
Para concluir, la congresista Plásida Calzada Velázquez acompañó los comentarios de sus antecesores y reconoció la participación de los periodistas en la sociedad porque informan y forman la opinión pública, porque están vigilando constantemente el poder y porque están generando un debate público.
En la mesa de trabajo estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona y Ana María Esquivel Arrona; así como los diputados Jesús Hernández Hernández y José Salvador Tovar Vargas.
Además, los acompañaron Vicente Vázquez Bustos y Abril Villegas Hernández de la Consejería Jurídica; Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; y Jorge Alberto Santos López del Instituto de Investigaciones Legislativas.
