En un reciente pronunciamiento, la titular del gobierno de la Ciudad de México expresó su oposición a cualquier forma de censura tras la controversia generada por una nueva propuesta legislativa en Puebla. Durante su conferencia matutina, reafirmó su compromiso con la libertad de expresión, enfatizando que no apoyará medidas que limiten este derecho fundamental.
La polémica surge a raíz de un decreto publicado en el periódico oficial del estado de Puebla, que modifica varios artículos del Código Penal local. Entre los cambios más relevantes se encuentra la reforma a la sección «Falsedad» del capítulo dedicado a los delitos en particular, así como la adición de nuevos preceptos relacionados con el ciberacoso.
La nueva legislación establece penas que van de once meses hasta once años de prisión para aquellas personas que insulten a otros a través de redes sociales y otros medios digitales. Esta disposición ha generado un fuerte rechazo entre grupos de defensa de derechos humanos, periodistas y ciudadanos, quienes argumentan que puede conducir a abusos y a la restricción de la libertad de expresión.
Uno de los aspectos más controversiales de la normativa es el tratamiento del «ciberacoso», el cual se tipifica como el uso de tecnologías de la información para agredir a otros usuarios. La ley contempla que, si la víctima es menor de edad, se presumirá el daño a su dignidad, lo que podría resultar en sanciones incrementadas.
Este desarrollo legislativo resuena en un contexto más amplio de debate sobre las libertades y la regulación del discurso en el ámbito digital, temas que continúan siendo objeto de discusión en diversas plataformas y espacios políticos en México.
