La consejera jurídica de la Presidencia, comunicó que, en el marco de la Estrategia de Seguridad, se están presentando iniciativas de ley para la consolidación de la Guardia Nacional y la creación de un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública.
Durante una conferencia de prensa matutina, se destacó que este nuevo sistema busca servir como una herramienta para la prevención, detección y desarticulación de amenazas que afectan la paz pública y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, se establecerá un marco de colaboración constante con el Ministerio Público para la investigación y persecución de delitos.
El sistema estará bajo la dirección de un Consejo Nacional de Inteligencia, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y operado mediante el Centro Nacional de Inteligencia. Uno de los objetivos clave es garantizar la colaboración eficaz entre las diversas instancias del Sistema Nacional de Inteligencia y las autoridades de los tres niveles de gobierno: estatal, federal y municipal.
La consejera destacó que se respetará la privacidad de los ciudadanos, asegurando que cualquier intervención requerirá autorización judicial, garantizando así que no habrá uso político de estas herramientas de seguridad.
En el mismo contexto, se presentó un paquete de reformas relacionado con la Guardia Nacional, que incluye la creación de la ley específica de la Guardia Nacional, junto con seis ordenamientos y dos códigos adicionales. Estas reformas buscan armonizar la legislación a la reforma constitucional pertinente, facilitando la colaboración de la Guardia Nacional con las autoridades de seguridad pública para compartir información sobre la prevención y persecución de delitos.
Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública anunció una iniciativa para la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer este sistema, permitiendo una mejor articulación y coordinación entre diversas instituciones y de acuerdo a la realidad y retos actuales en materia de seguridad.
Se anticipa que la nueva legislación permitirá una mayor flexibilidad y eficacia en las estructuras y procedimientos del sistema, alineando las estrategias de seguridad pública de las entidades federativas con la estrategia nacional y formalizando la obligatoriedad del Gabinete federal de seguridad pública, replicando este modelo en las entidades a través de mesas de paz.
