Detenidos 40 miembros de un ‘call center’ en Ecuador por extorsiones a usuarios en varias naciones
Quito, Ecuador. Un operativo policial llevado a cabo en la capital ecuatoriana resultó en la detención de 40 individuos implicados en un ‘call center’ presuntamente dedicado a extorsionar a usuarios en Colombia, Ecuador y México. La Fiscalía ecuatoriana informó que estas detenciones se produjeron en la zona financiera de Quito, donde funcionaba la empresa LKL-Wellcall.
De los detenidos, 39 fueron enviados a prisión provisional mientras se desarrollan las investigaciones por presunta delincuencia organizada. Una mujer, en estado de gravidez, fue liberada bajo condiciones, que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de reportarse periódicamente ante las autoridades.
Durante el allanamiento, la Policía Nacional confiscó 20 computadoras y 27 dispositivos móviles. Se reveló que la empresa había operado por lo menos un año, bajo la dirección de dos ciudadanos de origen chino. La investigación preliminar sugiere que su modelo de operación estaba sostenido por un equipamiento tecnológico avanzado.
Los extorsionadores empleaban una plataforma digital para almacenar información personal y fotografías de las víctimas. Estas imágenes eran utilizadas para crear montajes de contenido sexual explícito, que servían como herramientas de coacción. Los operadores realizaban llamadas y enviaban mensajes amenazantes, advirtiendo a las víctimas que, de no realizar pagos, sus imágenes serían divulgadas en redes sociales. Además, se les enviaban fotografías gráficas de personas desmembradas como parte de las amenazas.
Cada operador recibía incentivos adicionales por alcanzar metas de recaudación, que superaban los 1,200 dólares mensuales. También se identificó que la empresa ofrecía créditos sin la debida autorización legal, posteriormente extorsionando a quienes accedían a estos préstamos.
Un ecuatoriano, que ocupaba el cargo de "director de talento humano", estaba a cargo de reclutar personal y gestionar los recursos necesarios para las actividades ilegales. Además, coordinaba con cinco líderes de segmento, responsables de distribuir las bases de datos con información de las víctimas.
Desde principios de 2024, el gobierno ecuatoriano ha clasificado la lucha contra el crimen organizado como un "conflicto armado interno", en respuesta a la creciente violencia. Medidas extraordinarias, como la militarización de las cárceles, han sido implementadas para enfrentar a bandas criminales como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, que operan en diversos ámbitos delictivos, incluyendo el narcotráfico y la extorsión.
