En respuesta a las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre posibles vínculos de ciertos bancos mexicanos con actividades de lavado de dinero y crimen organizado, la presidenta del país ha afirmado que no se otorgará protección alguna a personas involucradas, incluida Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia.
La mandataria enfatizó que hasta el momento no se han recibido pruebas contundentes que establezcan la conexión entre CIBanco, Intercam Banco y Vector con estas prácticas ilícitas. Según sus declaraciones, el gobierno actuará en todo momento dentro del marco legal y ha solicitado más información al Departamento del Tesoro estadounidense.
Ante la inquietud generada en torno a Alfonso Romo, que es propietario de la firma Vector, la presidenta clarificó que corresponde a cada individuo esclarecer su situación, mientras su administración se mantiene enfocada en cumplir con sus responsabilidades gubernamentales.
El ambiente de incertidumbre que rodea a estas instituciones financieras ya ha comenzado a tener repercusiones. En este contexto, el Comité Técnico de Fibra Inn, un fideicomiso especializado en inversiones en bienes raíces hoteleros, ha decidido de manera unánime destituir a CIBanco de su función como fiduciario. A través de un comunicado, el Comité explicó que este proceso está en línea con las cláusulas del contrato del fideicomiso, y se procederá a la selección de un nuevo fiduciario, cuyas decisiones se comunicarán oportunamente a los inversionistas.
Esta situación evidencia la creciente presión sobre el sistema financiero mexicano y los desafíos que enfrenta en un entorno internacional complicado.
