Ciudad de México, 18 de mayo de 2022.- Morelos es la entidad con el nivel de corrupción más alto en el país, advierte el reporte del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project (WJP).
De acuerdo con el diagnóstico, las principales formas de corrupción por parte de autoridades en los tres poderes de gobierno son el soborno, influencias ilícitas y la apropiación indebida de recursos públicos.
En el rubro de Orden y Seguridad, señala el WJP, la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco y cuya responsabilidad está a cargo de José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado estatal de Seguridad Pública, se ubica en la posición número 30.
Lo cual refleja que el Estado de Derecho en esta materia no es efectivo, es decir, no cumple con garantizar la seguridad de las personas ni la de sus propiedades.
No obstante, que la seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige por el Estado de Derecho y ser una función fundamental que al gobierno le corresponde cumplir.
Asimismo, es una condición necesaria para el goce de los demás derechos y libertades que el Estado de Derecho busca proteger.
Considerando que los puntajes que emplea el estudio del WJP oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, éste considera en el rubro de Orden y Seguridad tres factores: ausencia de homicidios, ausencia de crimen y qué tan seguros se sienten los ciudadanos.
El puntaje más bajo, es decir, con mayor ausencia del Estado de Derecho lo obtiene el factor ausencia de homicidios, con un puntaje de 0.8; seguido de la seguridad que siente la ciudadanía con 0.31puntos.
Ausencia de crimen es el factor con un mayor puntaje, aunque alejado de su adhesión al Estado de Derecho, con 0.38 puntos.
El tercer rubro en el que Morelos ocupa los últimos lugares del ranking es en Justicia Penal, ocupando el peldaño número 31.
En este factor, el WJP evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios. Un sistema penal de calidad debe respetar los derechos de las víctimas y de las personas acusadas.
Por tanto, en este estudio se hace una evaluación integral de la justicia penal que contempla el accionar de todas las personas participantes del sistema, lo cual incluye a la policía, defensores, asesores jurídicos de las víctimas, fiscales, jueces, juezas y autoridades encargadas del sistema penitenciario.
El reporte también da cuenta de la situación del Poder Legislativo y las autoridades encargadas de la Seguridad y la Procuración de justicia, así como del respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
