El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abogó por la integración de las fuerzas policiales del país en el marco de una estrategia antidrogas que evite más víctimas, en relación con una reciente operación policial en Río de Janeiro que resultó en la muerte de 132 personas, la más mortífera en la historia del país.
Lula enfatizó la importancia de un trabajo coordinado para desmantelar las estructuras del narcotráfico, sin poner en riesgo a la población civil. Declaró que las soluciones al crimen organizado deben ir más allá de los enfrentamientos en las favelas, proponiendo en su lugar medidas que comprometan las finanzas de estas organizaciones criminales.
En su mensaje, el presidente aludió a una operación de agosto, considerada la mayor contra el crimen organizado en Brasil, que atacó el núcleo financiero de una importante organización involucrada en actividades delictivas como la venta de drogas y el lavado de dinero.
Destacó que el crimen organizado no debe seguir afectando a las familias ni propagando la violencia en las ciudades. Lula subrayó la necesidad de unir los diferentes cuerpos de seguridad, dada la estructura federativa de Brasil, donde la política de seguridad es competencia de los gobiernos locales.
El presidente mencionó que la colaboración entre fuerzas policiales regionales y nacionales será facilitada mediante un proyecto de ley de Seguridad Pública, actualmente en consideración en el Congreso.
Esta mañana, tras reunirse con el gobernador de Río de Janeiro, el ministro de Justicia anunció la creación de una entidad conjunta destinada a combatir el crimen organizado, la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado. Esta nueva instancia permitirá el intercambio de información y la coordinación de operaciones entre distintas fuerzas policiales.
La operación en Río de Janeiro, que había sido dirigida solamente por fuerzas locales, tenía como propósito capturar a líderes del Comando Vermelho, la organización criminal más antigua y poderosa de la región, con ramificaciones en todo el país.
Aunque el gobierno estatal reportó 121 muertes, incluidas cuatro de policías, la Defensoría Pública sostiene que la cifra asciende a 132. La operación se llevó a cabo en las favelas de Penha y Alemão, áreas con alta densidad poblacional y condiciones de pobreza, y se extendió a las zonas boscosas circundantes. Se realizaron 113 arrestos y se incautaron diversas armas, explosivos y cantidades significativas de drogas.
