León, Guanajuato.- Miembros de la Unión de Rescatistas Independientes (URI) de León han expresado su frustración ante la falta de respuesta por parte de la gobernadora del estado en relación a la creciente problemática del maltrato animal. Durante una conferencia de prensa, Elizabeth Chacón, fundadora de la organización, reveló que el colectivo ha intentado, sin éxito, obtener una reunión con la mandataria estatal desde la entrega de un documento oficial el 5 de mayo.
Los rescatistas indicaron que, tras más de cinco meses solicitando una audiencia, aún no han recibido respuesta, lo que les llevó a dirigirse a los medios para exigir un diálogo formal. "Ese escrito que se le hizo llegar, obviamente apartándonos en nuestros derechos como ciudadanos, no nos ha sido respondido", mencionaron desde el colectivo.
Se esperaba que representantes de URI fueran recibidos por el gobierno estatal en noviembre, pero se les informó que no estaban considerados en la agenda de la gobernadora. Ante esta situación, el colectivo destacó la necesidad urgente de abordar el maltrato animal, argumentando que Guanajuato ocupa actualmente el segundo lugar a nivel nacional en casos de maltrato y el tercero en actos de crueldad.
La abogada del colectivo, Argelia Ramírez Villafaña, subrayó que la falta de regulación adecuada por parte del gobierno permite el arraigo de este tipo de conductas. Las propuestas incluyen la creación de una agencia especializada en maltrato animal y el endurecimiento de sanciones para prevenir la violencia hacia los animales.
El municipio de León ha registrado un aumento en casos de maltrato animal; en 2024, se realizaron 1,749 inspecciones por denuncias, resultando en 617 infracciones. Las autoridades locales solicitaron a la ciudadanía que aporte información clara y precisa para facilitar las revisiones, dado que el maltrato animal está tipificado como delito en el estado, con sanciones que pueden ser administrativas o penales.
Además, el Gobierno de Guanajuato ha anunciado su intención de reformar el marco jurídico para agravar las sanciones por maltrato animal, en respuesta a un reciente caso de crueldad que generó indignación pública. El secretario de Gobierno ha indicado que se están tomando medidas para garantizar un seguimiento efectivo a los casos denunciados.
Las reformas propuestas incluyen la responsabilidad penal para menores de edad involucrados en actos de crueldad, así como el fortalecimiento de los reglamentos municipales y el reconocimiento del bienestar animal como obligación estatal. Sin embargo, aún persisten desafíos en la aplicación y seguimiento de estas normas, especialmente en comunidades rurales donde la atención institucional es limitada.
