En una reciente operación policial en las favelas de Alemão y Penha, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, emitió un contundente mensaje sobre su postura hacia la delincuencia. La intervención, considerada la más letal en Brasil en años recientes, resultó en la muerte de 132 personas, de las cuales 128 eran presuntos criminales y 4 pertenecían a las fuerzas policiales. Castro, miembro del Partido Liberal y opositor al gobierno del Partido de los Trabajadores, calificó la operación de exitosa, reforzando su lema de que el único «bandido bueno» es aquel que está muerto.
No obstante, esta aparente victoria plantea interrogantes sobre el estado del sistema judicial y de seguridad en Brasil. En una democracia, el uso de fuerza letal para eliminar bandas criminales puede ser visto como un signo de fracaso del Estado en la promoción de la justicia. En lugar de procesar a los delincuentes, la respuesta parece ser un enfoque centrado en la eliminación física, lo que suscita preocupaciones sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y el riesgo de que algunos inocentes también puedan ser afectados.
El contexto histórico de la criminalidad en Brasil revela que muchos grupos delictivos han evolucionado en paralelo con las dinámicas de poder del Estado. Desde la dictadura militar, que instituyó un sistema que agrupó a disidentes con delincuentes comunes, hasta el surgimiento del Comando Vermelho, la relación entre el crimen y el poder estatal ha sido compleja y muchas veces contradictoria. Este grupo, que inicialmente se formó con el objetivo de defender derechos de los prisioneros, ha redefinido su enfoque hacia la actividad criminal en un contexto donde el Estado ha sido incapaz de recuperar el control sobre áreas dominadas por organizaciones criminales.
A medida que la violencia continúa en diferentes regiones de Brasil, se repite un patrón observado en otros países latinoamericanos, donde la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia propicia el crecimiento de estructuras delictivas. En este sentido, las presentaciones de las operaciones de seguridad pública como victorias pueden resultar engañosas si no van acompañadas de un plan integral que aborde las raíces sociales y económicas de la violencia.
En paralelo, Tlaquepaque, Jalisco, ha experimentado una ola de asesinatos, culminando en un altar de muertos que se extiende a lo largo de 3,329 metros, casi el doble del registro del año anterior. En el primer semestre de 2025, se iniciaron 472 investigaciones por homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara, de las cuales 123 se registraron en Tlaquepaque, destacando su condición de municipio más violento de la región. Esta situación ilustra un patrón de violencia crónica que se entrelaza con el fenómeno del narcotráfico y la incapacidad de las autoridades para restaurar la paz y la seguridad.
