Congreso del Estado de Guanajuato: 17 años de proyectos inconclusos y un costo que sigue aumentando
La construcción del nuevo edificio del Congreso del Estado de Guanajuato, iniciada hace 17 años, aún no se ha completado, acumulando hasta la fecha más de 843 millones de pesos en inversiones. Este retraso ha suscitado preocupación entre los ciudadanos y cuestionamientos sobre la rendición de cuentas de las autoridades involucradas.
Desde el comienzo de la obra en septiembre de 2008, el estacionamiento subterráneo ha presentado serias fallas estructurales, evidenciadas desde su inauguración. El origen del problema se atribuye al sobrepeso causado por el tránsito de camiones durante la etapa de construcción. Más de nueve años después de la mudanza del antiguo edificio en Plaza de la Paz a Las Enredaderas, y la posterior entrada en funciones del nuevo Palacio Legislativo, la situación sigue sin resolverse.
A pesar de las múltiples inversiones para reparar las estructuras afectadas, que suman 9 millones 146 mil 245 pesos, las reparaciones han sido insuficientes. Cada temporada de lluvias, el estacionamiento enfrenta inundaciones significativas, lo que agrava la percepción de ineficiencia en la gestión de la construcción.
Hasta ahora, se han realizado al menos tres dictámenes técnicos para evaluar los daños, uno de los cuales recomendaba incluso la demolición del estacionamiento. Sin embargo, la información sobre estos dictámenes no se ha hecho pública, limitando la transparencia en torno al proyecto. La Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado tampoco ha presentado un plan ejecutivo para solucionar las deficiencias observadas.
Recientemente, el Congreso destinó 30 millones de pesos del presupuesto de 2024 para realizar un nuevo estudio y ejecutar obras de reparación. Para el presupuesto de 2025, se aprobó una partida adicional de 32 millones 451 mil 185 pesos para abordar los problemas estructurales. Se prevé que un nuevo dictamen, en etapa de elaboración, derive en un proyecto ejecutivo a cargo de una consultora privada.
Las dudas sobre la gestión y la administración de los recursos en este proyecto disperso alimentan las críticas tanto dentro como fuera del Congreso. Algunos legisladores han planteado la necesidad de un análisis exhaustivo de los documentos y dictámenes relacionados, y han expresado su preocupación por la falta de responsables en un proyecto que es percibido por muchos como un ejemplo de opacidad y descontrol presupuestario.
La situación sigue evolucionando en un contexto donde la presión por mayor transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos se intensifica.
