El asesinato del alcalde de Uruapan ha puesto en cuestión dos narrativas promovidas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum: la mejora en la seguridad pública y la responsabilidad histórica atribuida a los gobiernos del PRI y del PAN por los problemas del país.
Por un lado, aunque se reporta una disminución en ciertos delitos de alto impacto, este avance se ve eclipsado por la realidad del control territorial ejercido por grupos criminales, que superan a las autoridades en múltiples regiones. Por otro lado, la insistencia en culpar a las administraciones anteriores pierde credibilidad a medida que se evidencia que el gobierno de Morena ha contado con siete años para abordar problemas heredados, como el de Michoacán, sin lograr soluciones efectivas.
