El Estado mexicano debe reconocer el derecho a la búsqueda autónoma de familiares desaparecidos y garantizar la protección de quienes realizan esta labor, según se manifestó en un comunicado de Amnistía Internacional (AI). Esta organización enfatiza que, aunque se debe respaldar la búsqueda por parte de las familias, esto no elimina la obligación del Estado de localizar a las personas desaparecidas.
La postura de AI fue expuesta en mesas de trabajo organizadas por el gobierno, donde participaron familiares de desaparecidos, académicos y representantes de la sociedad civil. En estas sesiones se discutieron modificaciones necesarias a los protocolos de actuación en casos de desapariciones forzadas y de particulares, así como al protocolo para la búsqueda de personas no localizadas.
Con más de 133,000 personas oficialmente desaparecidas en el país, de las cuales un cuarto son mujeres —y más de la mitad menores de 24 años—, la organización critica las omisiones del Estado en la búsqueda de estas personas. Durante el encuentro, la jefa de investigación de AI en México advirtió que, ante la inacción gubernamental, son las familias quienes se ven obligadas a llevar a cabo estas búsquedas sin el apoyo adecuado.
AI sostiene que existe un derecho tanto a participar en búsquedas organizadas por las autoridades como a realizar búsquedas independientes. La organización subrayó que, en este último caso, el Estado debe garantizar la seguridad de los buscadores frente a riesgos, amenazas y ataques.
El comunicado concluye que el ejercicio de los derechos a la verdad, a la información y a la protección judicial se manifiesta de manera particular en el contexto de las desapariciones. AI resalta que esta combinación de derechos es esencial para la labor de búsqueda, que a su vez implica el derecho a defender los derechos humanos, obligación que el Estado debe respetar y proteger.
