El Senado de la República ha aprobado una reforma al Código Penal Federal con el objetivo de actualizar el tipo penal de abuso sexual. La norma recibió el respaldo unánime de 97 votos a favor y será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis.
Esta iniciativa se propone en un contexto sensible, motivada por un incidente de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de noviembre, cuando fue abordada de forma inapropiada al desplazarse entre Palacio Nacional y la Secretaría de Educación Pública. La propuesta fue elaborada en colaboración con la Secretaría de las Mujeres y la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados.
La reforma afecta a los artículos 260 y 266 BIS del Código Penal Federal y busca fortalecer y modernizar la legislación sobre abuso sexual, enfocándose en aspectos relacionados con la libertad, la autodeterminación sexual, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género declaró que esta modificación tiene como fin cerrar los vacíos legales que dificultan el acceso a la justicia para las mujeres. En su intervención, subrayó que la iniciativa pone el consentimiento en el centro del tipo penal, desestimando argumentos previos que consideraban que la falta de resistencia podía interpretarse como consentimiento.
Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano comparó la propuesta con la ley española conocida como «solo sí es sí», señalando que representa un avance significativo en la conceptualización del consentimiento en el contexto de relaciones íntimas.
La senadora del PRI celebró la medida, aunque advirtió que la falta de recursos y capacitación para su implementación podría comprometer su efectividad en la protección de mujeres víctimas de violencia. Asimismo, otra senadora del PAN enfatizó que muchas víctimas de abuso sexual experimentan una respuesta de parálisis, lo que refuerza la necesidad de que la ley reconozca estas realidades.
El pleno del Senado también aprobó reformas a 17 leyes adicionales, orientadas a garantizar la coherencia y certeza jurídica en la aplicación de las normas de igualdad sustantiva.
