El Pleno de la Cámara de Diputados Aborda la Iniciativa de la Ley General de Economía Circular
En un contexto legislativo marcado por la búsqueda de soluciones a la crisis ambiental, la Cámara de Diputados discutió recientemente la iniciativa para la creación de la Ley General de Economía Circular. Esta propuesta, presentada hace cuatro años en el Senado, ha sido reavivada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Durante su intervención, el legislador destacó la necesidad de retomar un proyecto que fue aprobado por unanimidad en 2021, pero que no avanzó en la Cámara baja.
El diputado subrayó que, aunque la minuta fue enviada por el Senado, su eventual postergación se atribuye a la falta de atención en la anterior coordinación del grupo parlamentario de Morena. En este sentido, llamó a la unidad entre las diversas fuerzas políticas para evitar que la iniciativa vuelva a quedar estancada.
El legislador resaltó que el proyecto busca reducir la generación de residuos, propiciar el desarrollo económico y generar empleo, en alineación con los objetivos de la Agenda 2030, que incluye la inclusión social, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Esta propuesta fue respaldada por otros miembros del PVEM, quienes señalaron que México enfrenta un gran desafío en términos de gestión de residuos, con más de 127 mil toneladas de basura generadas a diario.
La diputada Gabriela Benavides enfatizó que solo una fracción de los residuos producidos logra ser reciclada, lo cual plantea problemas económicos y de salud pública. Asimismo, mencionó que la informalidad en el sector del reciclaje es un reto importante, con más de 200 mil personas involucradas en esta actividad en el país.
Durante el debate, otros legisladores expresaron su apoyo a la iniciativa, señalando su relevancia en la actualización de diversas leyes ambientales. También se discutió la necesidad de implementar un modelo de economía circular que se aleje del ciclo de producción lineal tradicional.
La propuesta fue finalmente aprobada por el pleno con 460 votos a favor, sin oposiciones ni abstenciones, y será enviada de nuevo al Senado para su consideración. La decisión refleja un creciente consenso en la necesidad de abordar la crisis de residuos de manera efectiva y sostenible en México.
