Organización advierte sobre riesgos de nueva ley de extorsión en México
La organización Propuesta Cívica ha expresado su preocupación respecto a la reciente Ley General de Extorsión, promulgada el 28 de noviembre, la cual, según su análisis, podría amenazar la libertad de expresión en el país. La entidad advierte que esta normativa podría facilitar que actores políticos o particulares utilicen el sistema penal como herramienta para silenciar críticas, denuncias y actos de protesta.
En un comunicado, la organización destacó que la ley establece penas de hasta 25 años de prisión para el delito de extorsión, el cual ha experimentado un incremento del 23.1% y se manifiesta con mayor afectación en entidades como Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Propuesta Cívica llevó a cabo un exhaustivo análisis jurídico y concluyó que la redacción del artículo 15, que define la extorsión, es ambigua y presenta amplios márgenes para la interpretación. La ley clasifica este delito como una conducta que obliga a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio para sí misma o para un tercero.
De acuerdo con la organización, esta formulación permite que demandas de justicia, como la liberación de personas detenidas de forma arbitraria o la emisión de discursos en el contexto del debate político, puedan ser interpretadas como extorsión, lo que acarrearía penas de 15 a 25 años de prisión.
Propuesta Cívica subrayó que esta ambigüedad no solo afecta la libertad de expresión, sino que también puede dar lugar a investigaciones penales que inhiban la protesta y la exigencia pública de derechos. La organización también señaló que las agravantes en los artículos 16, 17 y 18 de la ley permiten aumentar las penas de manera desproporcionada hacia discursos de defensa de derechos humanos.
Por ejemplo, se menciona que si una persona defensora de derechos es entrevistada durante una protesta transmitida en medios digitales, la pena por extorsión podría elevarse a 25 o 45 años. Este escenario es particularmente relevante para los familiares de las más de 133 mil personas desaparecidas en el país, quienes demandan justicia y claridad sobre sus casos.
Adicionalmente, Propuesta Cívica indicó que otras organizaciones, como Artículo 19, han manifestado su preocupación respecto a la fracción V del artículo 17, que establece un aumento de pena de 5 a 15 años por extorsiones cometidas a través de dispositivos o plataformas que faciliten la emisión o transmisión de información. Esta disposición, según la ONG, podría tener un efecto silenciador sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México.
