La presidenta descartó imponer un impuesto del 8% a los videojuegos «violentos», una decisión que reavivó el choque entre preocupaciones por la protección de menores y críticas sobre discrecionalidad y recaudación fácil.
La diputada de Movimiento Ciudadano Iraís Reyes celebró la decisión y advirtió que gravar según criterios de «violencia» habría abierto la puerta al autoritarismo y a la censura.
Reyes sostuvo que imponer un impuesto con criterios subjetivos habría generado discrecionalidad y confusión legal, y recordó que su bancada se opuso en la tribuna.
Legisladores de Morena defendieron la iniciativa como una medida para «proteger la mente, las emociones de niñas, niños y adolescentes» y evitar la exposición a violencia digital.
El diputado Daniel Murguía explicó que el gravamen buscaba aplicarse a videojuegos con contenido violento o para adultos, en formato físico y en servicios de acceso o descarga.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Flores criticó la propuesta como una estrategia de recaudación sin una verdadera política pública contra la violencia.
Dolores Padierna, de Morena, vinculó los daños de productos como refrescos, tabaco y videojuegos violentos a problemas de salud pública y responsabilizó a gobiernos neoliberales por el deterioro poblacional.
Aunque las bancadas oficialistas habían obtenido mayorías en el Congreso —con votos favorables ampliamente superiores a los de la oposición— el retiro del impuesto por parte de la presidencia anuló esa vía legislativa.
