Culiacán enfrenta una ofensiva militar masiva que no ha logrado frenar una ola de violencia ligada al control del Cártel de Sinaloa. La ciudad sigue conmocionada por narcobloqueos, ataques a viviendas y negocios, y un alarmante número de homicidios y desaparecidos.
Más de 2,500 elementos militares y alrededor de 180 agentes de fuerzas especiales fueron desplegados en la capital sinaloense, pero la presencia castrense no ha contenido los hechos violentos. Las calles continúan siendo escenario de enfrentamientos y actos de intimidación.
La violencia se intensificó tras la entrega de Ismael “Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses; desde entonces, homicidios y desapariciones se han incrementado. Las facciones que pugnan por el control del cártel, conocidas como “La Chapiza” y “La Mayiza”, protagonizan la confrontación.
Colectivos de familiares denuncian que ambas organizaciones recurren al reclutamiento forzado, así como a falsas ofertas de trabajo y secuestros, para engrosar sus filas. Estas tácticas han profundizado el drama humanitario y la sensación de impunidad.
Organizaciones de búsqueda como Sabuesos Guerreras reportan un aumento en la incorporación de familias afectadas, motivadas por casos de desaparición entre sus seres queridos. El tejido social local se fragmenta ante la búsqueda de respuestas y justicia.
Las cifras oficiales y las contabilizadas por colectivos difieren, pero ambas reflejan una crisis grave: miles de personas desaparecidas y miles de asesinatos vinculados al conflicto criminal. Además, se reportan robos masivos de vehículos que agravan la percepción de inseguridad.
Según reportes de seguridad, se registraron detenciones y enfrentamientos en los que fueron abatidos presuntos delincuentes, pero las autoridades locales han sido señaladas por sectores empresariales por no lograr una reducción sostenida de la violencia. La situación plantea un desafío complejo entre la presencia federal y la capacidad estatal de gobernar la paz.
