En México la organización Miss Universo enfrenta un proceso judicial que afecta su operación local, con autoridades mexicanas y tailandesas persiguiendo a los propietarios y con el cierre temporal de las oficinas en el país. La controversia se inició tras la coronación de la representante mexicana y se ha multiplicado en demandas y órdenes de detención que involucran tanto a directivos como al certamen.
En Tailandia hay abiertos procesos contra la vencedora mexicana por una denuncia por supuesta difamación y contra la copropietaria del concurso, la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, por presunto fraude financiero. Contra Jakrajutatip se emitió una orden de arresto y las autoridades la han considerado ausente en las vistas judiciales.
La empresa JKN, vinculada a Jakrajutatip, enfrenta acusaciones de falsificación de información financiera y de engaño a inversores por un monto aproximado cercano a un millón de euros, mientras la compañía afronta problemas de liquidez. La situación ha generado la decisión de expulsar a JKN de la Bolsa de Valores de Tailandia, según lo comunicado por las autoridades financieras del país.
En paralelo, el director nacional en Tailandia del certamen, Nawat Itsaragrisil, presentó una demanda contra la representante mexicana por presunta difamación, tras un altercado difundido en directo en el que se le atribuye haber sido insultado. La Policía tailandesa confirmó la recepción formal de la denuncia, que será remitida a la Fiscalía por tratarse de una acusación contra una extranjera.
En México, un juez dictó orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen y copropietario, en una investigación por presunta delincuencia organizada vinculada al contrabando de combustibles y armas. La fiscalía lo declaró prófugo y revocó el acuerdo que le permitía colaborar como testigo, al atribuirle presunta dirección y financiamiento dentro de la estructura investigada.
Las autoridades mexicanas no han registrado la comparecencia del acusado y continúan la búsqueda, en un contexto en el que también fue detenido un socio identificado como presunto líder de un grupo criminal. En reacción a la situación, la dirección de la organización anunció el cierre de las oficinas en México, alegando que el país no ofrecía un entorno adecuado ni seguro para su funcionamiento.
Asimismo, se produjo la salida del director ejecutivo del certamen tras un breve paso por el cargo, y la empresa informó de un proceso de transición sin detallar plazos ni responsables. Hasta ahora, los propietarios no han emitido declaraciones públicas respecto a las órdenes de detención ni a las acusaciones en su contra.
