El gobierno de la Ciudad de México ha expresado su preocupación tras la difusión por parte de Estados Unidos de la acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios. Esta revelación, según la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, infringe la confidencialidad del proceso judicial.
La nueva consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, destacó que el respeto a la confidencialidad es fundamental para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Aseguró que la falta de este principio puede llevar a una «exposición mediática prematura» que podría influir en la actuación de las autoridades y deteriorar las pruebas.
Durante una conferencia matutina, Alcalde afirmó que esta situación ha resultado en un «linchamiento mediático» contra las diez personas mencionadas en la acusación. Recordó que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de mantener la confidencialidad en estos casos.
La consejera también mencionó que el gobierno estadounidense debería haber enviado su solicitud de detención provisional de manera confidencial. En respuesta a esta situación, la Fiscalía General de la República ha recomendado a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar a Estados Unidos el respeto a esta confidencialidad para salvaguardar el proceso judicial. Alcalde concluyó afirmando que no se han presentado pruebas que justifiquen un riesgo de sustracción o manipulación del proceso.
